Durante los últimos meses, varios articulistas y medios de comunicación han dado cuenta de la intervención del crimen organizado en los comicios de julio pasado. Ciertamente, desde el proceso de 2018, se presentaron algunos hechos aislados de esta naturaleza; sin embargo, en esta jornada electoral
parecieran haberse excedido cínicamente.
Durante este proceso grupos del crimen organizado secuestraron candidatos, impidieron el curso normal de la promoción de partidos políticos, amedrentaron poblaciones completas y los coaccionaron para votar por determinado candidato, partido o coalición, al tiempo que sustraían urnas y hasta incendiaban casillas en las que se favorecía a candidatos distintos a los que —presuntamente— apoyaban.
Estos hechos, más allá de lo indignantes, resultan ser mortales para la incipiente democracia que vive nuestro país. Cierto, no es un sistema de gobierno que pudiera ser perfecto, pues se basa en valores que se asumen como consustanciales al ser humano, como la libertad, la buena fe y las convicciones que suelen ser pervertidos por el egoísmo, el individualismo y la conveniencia. Empero, el coartar la libertad de decisión a través de la fuerza, como lo hacen los grupos criminales, resulta ser por demás trágico, ya que ello implica que el destino del país puede ser —y al parecer está siendo— definido por intereses criminales a través de su funesto e ilegal poder de coerción.
Los intereses del crimen organizado en los procesos electorales distan mucho de ser valiosos, por el contrario, resultan ser por demás perniciosos para la sociedad. En esta lógica, el hecho de someter procedimientos e instituciones basados en los máximos valores y derechos de la humanidad a sus deleznables objetivos y avariciosos intereses, debiera ser un asunto de atención, persecución y sanción ejemplar por parte del Estado.
Es incomprensible que el gobierno —y en particular los órganos ejecutores de la ley— no considere estos hechos como una prioridad de seguridad nacional y no como meros delitos electorales; pues su sola comisión pone en riesgo la estabilidad de la nación y el actuar de las instituciones, al permitir que personas presuntamente apoyadas por el crimen organizado accedan a cargos de elección popular que, por propia naturaleza, debieran ocupar legítimos representantes del pueblo y no empleados de la industria criminal.
Es indispensable que las instituciones del Estado realicen eficientemente su función de investigación y procuración de justicia para evitar que la criminalidad se apodere del gobierno; ya que de permitir que estos hechos notoriamente delictivos queden impunes, se estaría entrando a una zona que, de ser justificada como tolerada, caería en una franca complicidad, pues se estaría sometiendo la legitimidad de representantes populares no al sufragio libre, sino a la coerción cínica de quienes, de forma permanente, delinquen y atentan contra la vida y libertad de los mexicanos.
Hoy, como nunca, tenemos ante nosotros un enemigo sumamente peligroso para la permanencia y estabilidad de la República, ya que de ello dependerá su legitimidad y valor en los próximos lustros. Hago votos porque del patriotismo emerja esa convicción para perseguir y sancionar a los criminales que pretenden secuestrar al gobierno y al Estado Mexicano.
@AndresAguileraM