Hay un delito que, por lo pernicioso, funesto e inhumano, debiera revestir especial importancia su prevención y combate, tanto para la sociedad como
para el gobierno: la trata de personas. De conformidad con el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se define como el delito por el cual “… una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”. Es, en síntesis, el extremo más grotesco de la cosificación del ser humano.
Es un delito que atenta contra la libertad y la esencia misma del ser humano; ya que, quien lo perpetra, le despoja a su víctima de toda consideración para transformarlo en un objeto de uso, dispensable y absolutamente desechable; cuya vida carece de importancia, salvo por el hecho de cumplir los fines ominosos que le son ordenados, en detrimento de su dignidad y de su llana condición de ser humano.
Es un ilícito que su sola existencia resulta indignante y, por tanto, es indispensable no sólo garantizar que la fuerza coercitiva del Estado sea impuesta para sancionar su comisión. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indican que las ganancias obtenidas ilícitamente por la comisión de este ilícito oscilan entre los 32 a 36 mil millones de dólares anuales, lo que la vuelve la tercera industria criminal más lucrativa del orbe, sólo superada por el tráfico de drogas y de armas; lo que explica, de alguna manera, las dificultades que asisten a los Estados Nacionales en su prevención, combate y sanción.
Comerciar con seres humanos, si bien no es una actividad nueva en la historia, si resulta una práctica completamente deleznable e injustificable en nuestros días. Las complejas redes de complicidades e impunidad que la protegen devienen, en esencia, de la corrupción tanto de las autoridades que la solapan y custodian, como de la sociedad que la encubre y la tolera, aunque públicamente se pronuncia por su prevención y erradicación; situaciones que abonan a la compleja labor de prevenir, perseguir y sancionar a quienes trafican con la vida, integridad y dignidad de las personas.
En pleno siglo XXI, cuando la lucha por la atención y protección a los derechos humanos pareciera un asunto permanente en el actuar de las democracias modernas, todavía escuchamos de complejas redes de tratantes de personas, que mueven a centenares de miles de seres humanos por los territorios de los Estados, con la intención de venderlos como mercancías para saciar las más bajas pasiones de quienes, con dinero, pretenden adueñarse de la vida e integridad de personas.
Desgraciadamente este tema todavía resulta ser poco difundido por las autoridades en el país. Aún y cuando hay esfuerzos importantes, como el Reporte “Trata de Personas en México Enero-Junio 2021” elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México, hay pocas instancias gubernamentales que desbordan esfuerzos y recursos para atender este grave problema social que, por su propia naturaleza, debiera ser prioritario para el Estado Mexicano atender.
@AndresAguileraM