Procuro utilizar poco estos espacios para abordar temas relacionados con mi desempeño profesional; sobre todo porque
estoy convencido que la actividad jurisdiccional requiere de cierta discreción para que se mantenga la imparcialidad, autonomía e independencia a la que los juzgadores estamos obligados por mandato constitucional. Sin embargo, me parece una valiosa oportunidad para compartirles una visión general respecto a la importancia que —considero— reviste esta función pública.
La justicia administrativa surge como un mecanismo del Estado para dirimir las controversias que se suscitan con motivo del actuar de las instituciones gubernamentales. Grosso modo, podríamos afirmar que funciona así: si una persona considera que un acto de autoridad afecta su vida, esfera jurídica, actividad económica o social, o lo considera lascivo para su persona, familia o entorno, cuenta con una instancia, autónoma e independiente, que las dirime y, en caso de acreditar sus afirmaciones, tras un juicio, es declarado nulo por el órgano jurisdiccional.
De este modo, estoy convencido que juega un papel sumamente importante para la gente. Es —de alguna manera— coadyuvante en la gobernanza, ya que, por su función, se torna en un garante de un actuar legal y correcto de las autoridades, al tiempo que sus criterios pueden ser guías y orientadoras para mejorar el actuar del gobierno e, incluso, la prestación de servicios públicos.
En esa lógica, resulta imperioso para el Estado que estos tribunales no sólo permanezcan, además se les debe fortalecer para consolidar ese papel garantista que, con el devenir y las necesidades de la sociedad, se les han ido otorgado, ya sea por modificaciones legislativas o por criterios del poder judicial federal.
Con el paso del tiempo, los tribunales administrativos han ido evolucionando para convertirse en instancias más eficaces. Se les han ido ampliando las facultades, mejorando los mecanismos para hacer cumplir sus determinaciones e incrementando las materias y ámbito de competencia, a modo de ir especializando a sus salas en materias específicas y, muchas de ellas, novedosas, tendientes a incrementar su función garantista y promover el derecho a una buena administración pública.
La vida democrática de las naciones requiere de instituciones que sirvan como medios que equilibren, tanto del actuar social como de las instituciones públicas; que eviten excesos tanto de unos como de otros, siempre velando por el cumplimiento irrestricto de la legalidad y los principios constitucionales. Si las instituciones se fortalecen, no sólo con mayores facultades, sino con una mayor profesionalización de quienes las dirigen y conforman, no sólo para ejercerlos con mayor pericia, sino también con una profunda convicción por servir a las personas que añoran una sociedad más justa y equilibrada.
Hoy que formo parte del primer Tribunal de Justicia Administrativa de las entidades federativas, el de la Ciudad de México —que, por cierto, cumple 50 años de existencia—, sin duda, puedo decir que me siento profundamente honrado y orgulloso de integrar sus filas, coincidir con grandes profesionistas y doctos del Derecho que, sobre todo, tienen una profunda convicción de servicio público y que, con su participación, habremos de aportar nuestros talentos para servirle mejor a la Ciudad y a nuestro México.
@AndresAguileraM