Si no llega a ocurrir un milagro, el próximo martes se concretará la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que maneja
el Poder Judicial de la Federación (PJF). De conformidad con la iniciativa presentada, así como por diversas declaraciones espetadas por Diputados del partido mayoritario, la intención es retirar privilegios a jueces y magistrados que son financiados a través de estos instrumentos jurídicos y que no se reparten de forma equitativa entre los demás servidores públicos. Más allá del discurso populista, lo cierto es que los fideicomisos que controla el PJF son instrumentos que permiten atender, de forma permanente, diversos proyectos de inversión y de operación de la actividad jurisdiccional, sin afectar el gasto corriente institucional, lo que permite brindar un mejor servicio de impartición de justicia. Como ejemplo están los fideicomisos 80695 “para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal” y el 2125 “Fondo Nacional para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia” que, entre ambos, suman poco más de 5 mil millones de pesos.
La memoria se vuelve corta cuando se deja de atender a la historia y a las razones que llevaron a la creación de estos fondos. En el año de 1995, se llevó a cabo la última y más profunda reforma al Poder Judicial de la Federación y, en espejo, a los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas. La reforma tuvo como finalidad, entre otras cosas, reorganizar administrativamente a los órganos impartidores de justicia federal. Se crea el Consejo de la Judicatura Federal, como instancia de naturaleza administrativa, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le reconocía la naturaleza de órgano de control constitucional y de defensa a los derechos humanos.
La razón que llevó a esta reforma fue, precisamente, tratar de optimizar mayormente el gasto público generado por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, y encaminarlos hacia la mejora y modernización de los procesos. A partir de la gestación de estos fideicomisos públicos, la impartición de justicia federal se modernizó de forma considerable. Se utilizaron esos recursos para crear más Juzgados y Tribunales Unitarios y Colegiados. Se garantizó con ello que contaran con la infraestructura necesaria y se incrementaran el número de circuitos, para permitir que la impartición de justicia abarcara y atendiera a un mayor número de habitantes. También se destinan recursos de forma recurrente para garantizar la capacitación permanente de todos los funcionarios judiciales.
El tener reservas de recursos para la atención de determinadas actividades relacionadas con el servicio público, lejos de ser algún tipo de privilegio, es una muestra del ejercicio de gasto responsable. Se prevén recursos que permiten una programación ordenada para la atención de situaciones que inminentemente se generarán y que, tarde o temprano, implicarán un gasto para el erario.
En este orden de ideas, desaparecerlos bajo un argumento por demás pueril y hasta mezquino es una condena a la inestabilidad y a la imposibilidad de que un Poder del Estado Mexicano ejerza la función pública que tiene ordenada por mandato constitucional.
Desgraciadamente, ante la cerrazón que impera la política populista de revancha, hoy el PJF está en la antesala de una de las peores crisis de su historia, debido a que ya no contará con los recursos destinados a la atención de proyectos especiales y de peculiaridades que requieren de atención. Todo para que la tesorería despilfarre, sin retorno alguno, recursos que estaban destinados a la materialización de servicios públicos indispensables para la gobernabilidad de la nación. Mala tarde para la República. En este gesto populista, nuevamente, los que perdemos somos todas y todos los mexicanos.
Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM