En el año 2008, propios y extraños se dedicaron a pregonar la aprobación de una reforma que habría de marcar un paradigma en el ámbito de la administración y procuración de justicia en el país. La reforma penal constitucional se mostraba así como la panacea que habría de terminar con las injusticias que se generaban como consecuencia de un sistema penal escrito, arcaico y carente absolutamente de garantías y respeto al debido proceso y a la dignidad de la persona.
Así, los promotores de esta reforma –en su mayoría activistas idealistas pro derechos humanos– nos vendieron la idea que el sistema penal acusatorio habría de transformar años y años de injusticias y vicios arraigados en lo más profundo de las conciencias de quienes forman parte del drama penal. Para ello el legislador estableció una vacatio legis de ocho años, periodo en el que se realizarán todas las acciones tendientes a sentar las bases para la instauración de este sistema. Se crearían juzgados especializados en la revisión de procesos penales, quienes girarían las órdenes de aprehensión, arraigos, etc. Habrían otros, completamente orales, que habrían de juzgar a quienes cometieran los delitos y, por último, otros que controlarían, tanto la imposición de penas como el otorgamiento de beneficios preliberacionales. Así, se crearía una triada procesal, aunada a la revisión en vía de alzada, que complementaría un proceso en el que habría de prevalecer la justicia penal.
La realidad es que a cinco años de su publicación, los avances en la instauración de este sistema penal han sido pocos o prácticamente nulos. Las únicas entidades que se han declarado completamente transformadas al sistema penal acusatorio han sido Chihuahua, el Estado de México y Nuevo León, mismas que han denotado notorias deficiencias en su implementación y que han ido corrigiendo sobre la marcha. Mientras tanto la Federación y el resto de las entidades, han detenido su marcha en forma considerable por la falta de recursos presupuestales para poder instaurarla.
Por citar un ejemplo,el Distrito Federal requiere de, por lo menos, 8,000 millones de pesos para poder crear la infraestructura necesaria para establecer el nuevo sistema penal acusatorio, pues la naturaleza de los juicios orales requerirá necesariamente de crear más juzgados, conjuntamente con otro tipo de instalaciones y de fuertes inversiones en equipamiento y obra pública. Por su parte, el Poder Judicial Federal deberá realizar una inversión de por lo menos el doble. Y pese a ello y a los esfuerzos y llamamientos reiterados a las autoridades hacendarias, no ha existido un programa federal y local de financiamiento para poder avanzar en la consolidación del nuevo sistema penal. Hacemos votos por que la cordura llegue a la autoridad hacendaria federal y local para que aporten los recursos económicos necesarios para la materialización de la reforma penal.
@AndresAguileraM