La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras un año de discusiones y criterios encontrados, tuvieron a bien sentar jurisprudencia para que los juzgadores federales privilegien los preceptos de nuestra Constitución Política sobre los Tratados Internacionales signados por el Estado Mexicano.
Esta resolución refrenda la supremacía de nuestra norma fundamental, al tiempo que mantiene la jerarquía de los instrumentos internacionales a la par con la legislación federal. Esto –dicho en español liso y llano– implica que nuestra Constitución es, y seguirá siendo, la base de nuestro sistema jurídico nacional y que mantenemos la facultad de autorregularnos y adecuar nuestras leyes a la realidad que nos aqueja, sin que sean influenciadas o modificadas por disposiciones ajenas a las facultades legislativas y jurisdiccionales de las instituciones mexicanas.
Muchos se preguntarán ¿por qué es importante esta noticia? ¿qué beneficio habremos de obtener de ello? La respuesta es sencilla: mantener nuestra soberanía e independencia de realidades ajenas a lo que vivimos como país. Por citar un ejemplo observemos las condiciones de criminalidad que vivimos hoy y que requieren de medidas excepcionales para su combate y atención. Muchas de ellas son contrarias a los aspectos regulados en los tratados internacionales de protección a los derechos humanos, que en su mayoría procuran el hipergarantismo y que, en nuestro país, ha generado impunidad, tal y como ocurrió con la resolución que le otorgó la libertad a la tristemente célebre Florence Cassez.
En esta lógica, aplaudimos la resolución del máximo Tribunal del país, en espera de que este sea el inicio del reordenamiento de un desastre provocado por una interpretación dispersa –y desafortunada– de una reforma constitucional que buscó, a todas luces, la mejoría en el marco del reconocimiento y protección de los derechos humanos.
Entretelones
Y mientras el Presidente de la República presenta su iniciativa de reforma hacendaria con perspectiva social, el ex Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la acusa de ser retardataria y que descompondrá la disciplina fiscal que dejó el gobierno calderonista. Yo le preguntaría al hoy Senador: ¿Se refiere a esa disciplina que permitía a una persona con ingresos mensuales de $6,000 adquirir bienes, pagar impuestos, créditos, colegiaturas, vacaciones, etc., etc.; a la que dejó más de 60 millones de mexicanos en pobreza extrema, o a la que generó un crecimiento económico del 1.0% del PIB?
@AndresAguileraM