La vida democrática del país –y en especial de nuestra Ciudad de México– ha hecho que se modifiquen instituciones, al grado que instancias que otrora eran poco socorridas, hoy se revistan gran relevancia para coadyuvar en la gobernabilidad. En esta lógica, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los Tribunales de lo Contencioso Administrativos de los Estados y del Distrito Federal, cobran especial relevancia para la vida y obra de los habitantes de la República.
Estas instancias son un medio idóneo para garantizar legalidad y legitimidad de los actos del gobierno, pues en sus salas se dirimen un número importante de controversias suscitadas con motivo del actuar de la autoridad. El caso del Distrito Federal es emblemático. En sus salas se dirimen un promedio de 12 mil asuntos anualmente, entre los que se destacan: aquellos vinculados al cobro del impuesto predial, las multas de tránsito y el cobro de derechos por el servicio de suministro de agua, acciones públicas reguladas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, actas de visitas de verificación del INVEA y de las Delegaciones, entre otros.
Derivado del actuar de esta importante institución, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal –el primero de su tipo en el país– con sus resoluciones coadyuva a la gobernabilidad y a la certeza jurídica tanto para los gobernados como para las autoridades, quienes derivado de los criterios impresos por este órgano jurisdiccional, están en condiciones de adecuar sus determinaciones para que cuenten con un mayor y mejor sustento jurídico, al tiempo que a la ciudadanía se le brinda una instancia con la suficiente imparcialidad para anular aquellas actuaciones gubernamentales que carezcan de legalidad.
Por ello es necesario difundir el actuar, objeto y misión de esta institución para que sea conocida por el común de las personas que se ven afectadas en sus derechos por las actuaciones de la autoridad, para que estén en condiciones de acudir y hacer uso de los servicios que aquí se brindan, pues –incluso– existe una Secretaría de Defensoría Jurídica, en la que se brinda asesoría y representación en los juicios sin costo alguno.
Como podemos ver, la Ciudad de México ha adecuado sus instituciones a las condiciones democráticas que exige la sociedad. Hoy la autonomía y la imparcialidad son características fundamentales de sus instituciones públicas encargadas de la impartición de justicia y, en especial, en materia contencioso administrativa.
@AndresAguileraM