Vicente Fox Quesada fue el primer presidente electo de México no emanado del PRI en 71 años. Eso sucedió en el año
2000, hace apenas 23 años, lo que significa que ningún mexicano nacido después de 1982 ha experimentado en carne propia lo que se sentía al votar sabiendo de antemano que nuestro voto no iba a ser contado y acabaría en la basura, pues las urnas preñadas con los votos del partido oficial ya estaban preparadas tras bambalinas.
A partir de aquel momento histórico en el que el presidente Zedillo sacó las manos de la elección para permitir la alternancia, las leyes electorales empezaron a discutirse en el Pleno, logrando importantes consensos que permitieron reformarlas a fin de garantizar el respeto de la voluntad de la mayoría. Ello implica que un día el resultado nos puede gustar y otro no. Así es la democracia, imperfecta, porque al final de cuentas los humanos que votamos podemos equivocarnos y los humanos que elegimos pueden no resultar lo que esperábamos, pero, aun así, es la mejor forma de gobierno.
Desde entonces y hasta hoy, los mexicanos podemos tener la certeza de que los resultados de los procesos electorales, para bien o para mal, son legítimos, gracias a la confianza que tenemos en el INE. Muy distinto de los tiempos en los que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones para que los resultados salieran al gusto del presidente en turno y de la cúpula que dirigía el partido en el poder.
No llegamos a tener un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Electoral de forma automática, fortuita o gratuita, a los mexicanos nos ha costado mucho tiempo, recursos, sudor y lágrimas construirlos. Son perfectibles, no obstante, los cambios que hoy quieren imponer no llevan esa intención. Por el contrario, amenazan su autonomía y están en peligro de extinción, todo porque hay un hombre, emanado de aquellas tripas dictatoriales del viejo PRI, en cuya conciencia fueron moldeados con cincel sus vicios y antivalores, que ocupa hoy la Presidencia de la República, y a su cuna antidemocrática se suma un perfil sociopático con claros tintes autoritarios, convencido de que ahora es su turno… eterno.
Poner a un títere como sucesor es un salvoconducto para continuar en el poder, luego de sus infructuosos intentos por crear algún antecedente que justificara la extensión de su propio mandato, como fueron la ley Bonilla, la ley Zaldívar y la consulta de revocación, ninguna de las cuales cuajó para fortuna de la democracia. Ha probado truco tras truco, por las buenas, por las malas o por las peores…, porque sabe que los números alegres que arrojan las encuestas a modo no garantizan el triunfo de su marca en 2014. La Reforma Electoral con la que intentó retrocedernos al pasado no prosperó por no tener la mayoría calificada que le arrebatamos en el 2021. No logró convencer, doblar, comprar ni chantajear a los legisladores de oposición necesarios gracias a la presión ciudadana.
Su enésimo as bajo la manga emergió con el Plan B, una reforma disfrazada de leyes secundarias, cuyo despropósito es destruir la autonomía del INE, desarticular al Instituto, adueñarse del padrón electoral con todos nuestros datos personales, así como debilitar al Tribunal Electoral que podría frenar sus trampas. Por tener mayoría simple, sus esbirros en las Cámaras aprobaron esas leyes aberrantes y claramente inconstitucionales, que violan nuestros derechos ciudadanos. Por esa razón, debemos dar la batalla no para defender al INE, sino para defendernos nosotros, los ciudadanos.
A diferencia de los presidentes del viejo PRI, este ex priísta no es institucional, no tiene códigos más allá de los que se invente sobre la marcha. No asume que debe entregar la estafeta al siguiente representante de su partido para desvanecerse en los anales de la historia con más o menos gracia o desgracia. En su mente delirante, él es el partido, él es el Estado, él es el Pueblo, él es el país, como todos los dictadores que admira y aspira a emular.
Y ojo, ningún dictador llega mostrando sus intenciones, así como ninguno logra apuntalarse en el poder solo. Siempre, por brillante que sea la botarga populista, necesita un equipo de cómplices que, conscientes de que su mesianismo es oropel, estén dispuestos a mantener el mito. El país puede caerse por el precipicio con su pueblo incluido…, eso no importa a la camarilla. Este tipo de regímenes son un imán para los apátridas hambrientos de poder y fortuna que están dispuestos a sobarle el lomo al déspota con tal de beneficiarse de lo que salpique.
No quiero sonar fatalista, pero estamos al borde de ese precipicio en lo que a nuestras libertades civiles y derechos democráticos se refiere. La democracia está en la cuerda floja. Cuatro años de apatía ciudadana no ha hecho más que envalentonar al bully presidencial. Ya no podemos seguir como avestruces, nos jugamos demasiado como para permanecer impávidos a la espera de que algún político haga algo…, siendo que los únicos que tenemos un interés legítimo en evitar una dictadura somos nosotros, los ciudadanos, no los políticos camaleónicos.
Por lo pronto, mostremos el músculo ciudadano. Es más importante acudir el próximo domingo 26 de lo que fue el pasado 13 de noviembre porque es nuestra última oportunidad. Debemos superar incluso el número de participantes. Si en aquella ocasión el objetivo fue presionar a los legisladores de oposición, esta vez el objetivo será presionar a los ministros de la Suprema Corte, pues la pelota ya está en su cancha y con cuatro de ellos que traicionen a México, la democracia habrá llegado a su fin.
Elena Goicoechea
Activista, Periodista y Defensora de Derechos Humanos