El domingo pasado, México volvió a vivir una jornada de fuego. Balaceras simultáneas, bloqueos, comercios incendiados,
carreteras tomadas, familias encerradas en sus casas sin saber si sus hijos regresarían. En medio del caos, el gobierno federal anunció lo que presentó como un golpe histórico: la muerte del líder del CJNG durante un operativo conjunto con autoridades estadounidenses.
Pero en un país que ha aprendido a desconfiar de los triunfos instantáneos, calificar la estrategia de seguridad como exitosa a partir de este operativo es, por decir lo menos, peligrosamente temerario. Porque mientras el discurso celebra, en los estados afectados se recogen cuerpos, se cuentan daños, se llora a los caídos.
Y entre esas lágrimas hubo unas que capturaron la atención nacional: las del secretario de la Defensa,lágrimas que abrieron una pregunta que el gobierno evita formular en voz alta: ¿Fueron realmente el desahogo por los elementos caídos o el reflejo de una culpa más profunda, la de no haber previsto —o no haber querido prever— los daños colaterales de un operativo que hoy se presume exitoso solo porque terminó con la muerte del capo?
La pregunta se vuelve aún más incómoda cuando sigue sin aclararse el encuentro, documentado por medios nacionales, entre miembros prominentes del CJNG y el propio secretario antes de su nombramiento. Un episodio que, en cualquier democracia funcional, habría exigido explicaciones inmediatas,aquí, en cambio, se ha optado por el silencio, incluso luego de que se documentaran “donaciones” para este personaje de siete millones de pesos. Y en un país donde la frontera entre autoridad y criminalidad ha sido tantas veces erosionada, ese silencio pesa más que cualquier discurso.
Reitero, el análisis sobre la estrategia federal de seguridad, debe ir mucho más allá del operativo que terminó con la muerte del líder del CJNG. Ese episodio, por espectacular que parezca, no desmantela un cartel que creció con una brutalidad proporcional a su capacidad de infiltración territorial. Un cartel que opera en prácticamente todo el país y que ha moldeado la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Y sí, hay elementos que deben reconocerse: El viraje respecto a la política de “abrazos, no balazos” y la colaboración institucional con Estados Unidos para ejecutar el operativo, ambas señales importantes, pero insuficientes, porque la realidad se impone todos los días: asesinatos, desapariciones, extorsiones, desplazamientos, policías rebasadas, comunidades sometidas, vínculos entre poder político y criminal que emergen como manchas de humedad en una pared que ya no puede ocultarlas.
Mientras tanto, las redes sociales se llenan de mensajes polarizantes. Unos defienden a ultranza a la presidenta, como si el centro de la discusión fuera electoral y no la eficacia de una política pública que debería garantizar seguridad. Otros se refugian en el pasado, usando la figura de Genaro García Luna como comodín para evadir la responsabilidad constitucional del presente. Entre ambos extremos, la conversación pública se vacía de contenido y se llena de ruido, mientras las comunidades afectadas siguen viviendo bajo el terror cotidiano.
La prensa ha documentado los hechos del domingo: la cronología del operativo, la muerte inmediata del Mencho, los sicarios abatidos, los comercios y carreteras vandalizadas. Pero lo que falta es lo más importante: respuestas. ¿Dónde está la coordinación interinstitucional? ¿Qué sigue después del abatimiento? ¿Cómo se desarticulará un cartel cuyo crecimiento fue tan brutal como su forma de operar? ¿Qué acciones existen para la desarticulación financiera? ¿Cuándo veremos avances en la formación de la Guardia Nacional? ¿Qué pasará con las policías estatales y municipales? ¿Será La Barredora el siguiente grupo en capitalizar el reacomodo?
Y quizá la pregunta más incómoda: ¿se atreverá el gobierno a desarticular la narcopolítica?
A toda esta tensión se suma, casi en paralelo el anuncio presidencial que descolocó a muchos: el arranque del “circuito nacional de festivales por la paz”, inaugurado con la participación de un cantante envuelto en polémicas por narcocorridos y referencias a operadores criminales. No era necesario abundar para que la contradicción fuera evidente. Desde el inicio del sexenio se impulsó la presencia de otros grupos, entre ellos, aquel que interpreta un corrido alusivo a un operador del Cártel de Sinaloa
Hoy, esa incongruencia reaparece: se convoca a festivales “por la paz” mientras se legitima, desde el escenario, la estética que romantiza la vida criminal. El mensaje es confuso para un país que intenta sobrevivir a la violencia todos los días.
El domingo dejó claro que México sigue atrapado en una guerra que nadie reconoce abiertamente, pero que todos padecen. La muerte de un capo no cambia esa realidad. Las lágrimas de un secretario tampoco. Lo que sí podría cambiarla es la voluntad política de romper, de una vez por todas, la red que une al crimen con el poder.
Hasta que eso no ocurra, cualquier victoria será solo eso: una victoria que no alcanza.Mientras el país siga en llamas, la muerte de un líder de un grupo criminal, no es victoria.
Adriana Dávila Fernández
Política y activista