Dos escenas enmarcaron la discusión legislativa sobre la propuesta de reforma electoral de la presidenta de México,
Claudia Sheinbaum. Dos momentos distintos dentro de la misma sesión, separados en el tiempo, pero unidos por un hilo conductor claro: la simulación de un conflicto político que, en los hechos, parece no existir. En ambas escenas hubo un protagonista constante, visible aún sin ocupar formalmente el centro del debate: Ricardo Monreal.
La primera escena ocurrió durante el posicionamiento de los coordinadores parlamentarios. En un debate que, en teoría, debía concentrarse en el fondo de una reforma electoral de alto impacto, Monreal decidió introducir un mensaje de reconocimiento explícito a las dirigencias de los partidos de oposición por haber avalado el nombramiento del nuevo auditor Superior de la Federación. No fue una mención genérica: fue una enumeración precisa de nombres, cargos y siglas, acompañada de elogios a la “madurez”, la “responsabilidad” y el “profesionalismo” con los que -según el discurso- se construyó el consenso.
Ahí aparecieron el PRI, con Alejandro Moreno y Rubén Moreira; el PAN, con Jorge Romero y Elías Lixa; y Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, Ivonne Ortega y Jorge Álvarez Máynez. El mensaje fue claro: el acuerdo transversal no solo existió, sino que debía ser públicamente celebrado. Y no en cualquier contexto, sino en plena discusión de una reforma electoral promovida desde el poder.
El tema no es menor. Aureliano Hernández Palacios Cardel, designado con el respaldo de todas las bancadas, pertenece al círculo más cercano de la presidenta de México y es hijo de su exsecretario particular. Su tarea será auditar las cuentas públicas del Estado, por eso, cuando quien debe fiscalizar mantiene una cercanía tan evidente con el poder que debe vigilar, las dudas sobre su imparcialidad no son una exageración opositora, sino una exigencia mínima de cualquier democracia funcional.
La pregunta es inevitable: ¿por qué traer ese reconocimiento al centro del debate electoral? ¿Qué se buscaba subrayar? ¿La existencia del consenso o la disposición de la oposición a avalar decisiones clave del oficialismo aun cuando persisten dudas legítimas sobre la autonomía institucional? El gesto político dice más que el discurso.
La segunda escena ocurrió al final de la sesión. Sin micrófonos, sin solemnidad y sin guion formal. Risas, carcajadas, saludos efusivos y una frase que condensó décadas de cultura política: “yo sigo siendo cenecista”. Dicho al pasar, pero cargado de significado. Una expresión que remite a las prácticas corporativas del viejo régimen que muchos aseguran haber dejado atrás, pero que reaparecen con naturalidad cuando las cámaras se apagan.
¿Por qué reafirmar una identidad asociada al priismo más tradicional justo después de una sesión marcada por discursos de confrontación entre bloques políticos? La respuesta es incómoda, pero evidente: porque la confrontación es, en buena medida, retórica. Porque detrás de la narrativa de polarización existe una convivencia funcional entre élites que saben adaptarse a cualquier proyecto de poder.
Lo que dejaron estas dos escenas es la impresión de un montaje cuidadosamente ensayado. Un teatro político donde los desacuerdos se sobreactúan de cara al público, mientras los acuerdos se procesan sin sobresaltos en privado. Los pleitos entre las cúpulas suelen ser de utilería; las diferencias que vive la población, en cambio, son reales y profundas. Arriba se celebra la estabilidad política; abajo se resienten sus costos.
A Monreal no se le puede negar habilidad retórica ni eficacia como operador. Pero también encarna a una clase política formada en las lógicas más tradicionales del sistema, corresponsable de los fracasos institucionales que hoy se intentan maquillar con reformas parciales. No es un fenómeno nuevo, es una constante.
Por eso lo ocurrido en la Cámara de Diputados no debe distraer de lo esencial. El régimen busca preservar su permanencia en el poder, incluso si eso implica simular rupturas o sacrificar aliados solo en el discurso. Lo que se protege es la estabilidad política, no necesariamente la democracia entendida como equilibrio de poderes y contrapesos reales.
El anuncio de nuevas iniciativas -como adelantar la revocación de mandato o permitir consultas populares en materia electoral- refuerza esta lectura. Todo indica que esos cambios no tocarán los intereses de los partidos aliados al régimen. La experiencia reciente es clara: tanto el PT como el PVEM mantienen una alineación consistente con la presidenta de México.
Y si estos movimientos llegan a la SCJN, tampoco conviene alimentar falsas expectativas. El desenlace parece previsible.
De ahí la advertencia final: la oposición no puede seguir cayendo en la trampa de legitimar, en lo local o en lo regional, a fuerzas que siguen siendo parte funcional del mismo proyecto. La simulación no es pluralismo. Confundirla tiene costos políticos. Y esos costos, como siempre, no los pagan las élites.
ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ
POLÍTICA Y ACTIVISTA