A raíz de los eventos ocurridos en meses pasados, el clima político y social del estado mexicano se modificó abruptamente. De un día a otro, los eventos ocurridos en Michoacán y Guerrero específicamente, demandaron un cambio radical en esos estados, teniendo por respuesta inmediata la deposición de sus gobernadores correspondientes y la entrada en vigor de una
serie de medidas encaminadas a salvaguardar la calidad de vida de sus habitantes; acciones que a la postre harían eco en toda la Federación. Y hoy, el Gobierno de la República hace el anuncio de nuevas líneas de atención encaminadas a combatir de manera frontal y de raíz, la situación de inseguridad por la que atraviesa México.
Buscar culpables y realizar señalamientos sobre el origen del problema, sería como el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, caer en un absurdo ciclo repetitivo de incongruencia, donde al final, el resultado es responsabilidad de los mandatarios que en su momento estuvieron el frente del país. No por ello –aclaro-, se exime o se diluye el sendero, la trascendencia y la importancia gravísima en que ha desembocado todo esto. Ahora bien, el camino de la denostación siempre resultará menos intricado que el de la propuesta. Criticar, disuadir, evadir, ha sido y será en todo tiempo menos complicado que construir, que remediar, que sanar. En ese contexto, con la intención de aliviar la herida que el crimen ha abierto desde hace años en nuestro país, el Gobierno Federal ha propuesto como medida de solución modificar el Estado de Derecho del ciudadano a través de una serie de nuevas leyes que le garanticen mayor seguridad y, por ende, el resguardo de su integridad física y de su vida misma; derecho humano reconocido y tutelado en nuestra Constitución Política.
A tal efecto, el día 27 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto, dentro de un ejercicio inédito que recuerda al Pacto por México, anunció en un decálogo de propuestas y acciones tendientes a recuperar la seguridad y confianza del mexicano. Dentro de ellas resaltan, en materia criminal: las reformas constitucionales encaminadas a la creación de una Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en autoridades municipales, a la definición de competencias en cada nivel de gobierno contra el combate al delito (recordemos que está en proceso la homologación nacional de un Código Penal único), la creación de un mando único policial en cada una de las 32 entidades federativas, comenzando por Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.
Sobre el mismo tema de seguridad, se pondrá en marcha un número de emergencias general en el país (911), se anunciaron nuevos operativos en tierra caliente. Asimismo, se buscará respaldar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y como acciones transversales, que vienen a robustecer el actuar gubernamental desde otra perspectiva, pero que sin duda alguna se relacionan al fin que persigue el estado mexicano, se anunció la propuesta de reforma para crear, dentro del país, tres zonas económicas especiales (Istmo de Tehuantepec, Chiapas y Lázaro Cárdenas), mismas que tendrán beneficios fiscales que propicien su crecimiento económico.
Toca el turno al Congreso de la Unión para que nuevamente, y ya sea en periodo extraordinario, replique el logro que consiguió hace casi un año, con la aprobación de nuevas reformas que transformen y muevan aquello que en este momento no funciona correctamente. Confío que, al tratarse de un tema trascendente como éste, las bancadas mexicanas pronto tendrán un consenso favorable a México.