La evaluación magisterial que tomó lugar el pasado fin de semana (20 y 21 de Junio) en casi la totalidad de Estados que conforman la República Mexicana, tuvo su origen en la reforma educativa promulgada en Septiembre de 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto, misma, que en su momento fue producto del Pacto por México, ejercicio que como recordamos, representó la comunión no antes vista de las principales fuerzas políticas de México.
De esta manera, ya estipulada en nuestra Constitución, la aplicación evaluatoria resultaba inminente, y solo era cuestión de tiempo para que los nuevos postulados comenzaran a volverse a la realidad, resultando coincidente, para quien así desee verlo, que este ejercicio arrancara inmediatamente después de las elecciones intermedias del 7 de Junio; y el reto por supuesto, suponía vencer un lastre que atañe al sector educativo mexicano desde finales de los años setenta, me refiero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización sindical disidente del SNTE, que ha hecho uso de todos los recursos a su alcance con la sola finalidad de no sujetarse a un nuevo régimen que la constriñe a transformarse y que por supuesto termina con privilegios tan añejos como viciados.
Al caso concreto y después de librado el primer enfrentamiento, por así llamarle, tanto la Coordinadora como el Gobierno, se alzan con victorias a medias; por una parte, la Administración Federal en turno cumple con el mandato constitucional e implanta la evaluación a nivel Nacional obteniendo un 82.7% de participación en relación a los maestros registrados, realizándose ésta en 30 Estados de la República Mexicana, específicamente en 249 sedes previstas para tal efecto. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hace prevalecer sus intenciones mezquinas y particulares, en do: Michoacán y Oaxaca.
A este punto, tal vez pudiéramos estar hablando de un terreno parejo y de resultados parciales para ambos frentes, sin embargo, el ser más objetivos nos lleva a confirmar que desde aquí, efectivamente el Gobierno aventaja a la organización sindical, misma que encuentra su principal asiento no solo en Oaxaca y Michoacán, sino también en dos entidades que sí permitieron la celebración de la aludida evaluación, se trata de Chiapas y por supuesto de Guerrero, este último, bastión innegable de la organización sindical y donde la misma ha llegado a inmiscuirse incluso en fibras tan sensibles y legitimas como la de Ayotzinapa. La pregunta que surge es: ¿Tiene efectivamente la CNTE la fuerza que pregona?
Sin duda alguna, estos resultados evidencian que no es así, que el arma principal de esta asociación es la intimidación, el chantaje, la coerción, y principalmente, que todo esto se debe a intereses en particular, pues maestros de estados como Chiapas o Guerrero, acudieron por su propia voluntad a esta evaluación, porque efectivamente sienten tener los conocimientos necesarios para aprobarla y ser promovidos; luego entonces, este resultado no es en definitiva fijo, sino indica que el orden en esas entidades no está para nada erradicado, sino por el contrario solamente se le ha postergado brevemente, y esta vez el siguiente frente a cubrir por la federación no será la nación por completo, sino únicamente dos estados que han sido “obligados” a seguir una voluntad que no es unánime.
Muchos medios, han acentuado un resultado que incluso pudo ser previsible, aclaro, no por ello ni jamás justificable, sin embargo, el análisis de esa victoria parcial de la Coordinadora puede indicarnos hacia dónde va toda esta situación, quienes tenemos la oportunidad de ver este panorama desde la perspectiva de la objetividad, comprendemos y hacemos votos porque la evaluación y todo el andamiaje que conlleva la reforma educativa pueda implantarse de manera completa en la Nación, México necesita más que nunca una transformación en su sistema educativo y la misma no puede ser detenida por un interés particular, las piezas se acomodan y la siguiente partida puede ser la definitiva para alcanzar al fin este primer logro.