Este nueve de Julio, en el marco de la firma del Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado de México y el Instituto Nacional de la Mujeres; el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, solicitó al Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, la alerta de genero para 11 municipios de esta Entidad Federativa, misma, que consiste de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en: “El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Acto que se suma a las peticiones realizadas con anterioridad por diversas organizaciones civiles y al posible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sobre este respecto, estaba por confirmar.
El Estado de México, fue la primer entidad en tipificar el delito de feminicidio, asignándole penas de entre 40 y hasta más de 70 años de prisión, con agravantes que convergen en la edad y estado de la víctima y del agresor, otorgando la primer sentencia condenatoria en Noviembre de 2011 para este ilícito. La solicitud de referencia, ahora se suma una gama de medidas que ya permeaban en territorio mexiquense tales como: 1. Creación de la Subprocuraduría de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, las Fiscalías especializadas en Feminicidio, en Trata de Personas y en personas; 2. Los Centros de Justicia Especializados para las Mujeres, en Toluca y Cuautitlán Izcalli; 3. La emisión de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México; 4. También se puso en funcionamiento el Sistema Estatal y el Consejo Mexiquense para la Atención de la Violencia de Género y Feminicidio, entre otras acciones.
Los municipios del Estado de México que cuenten con la protección de la alerta de género, serán: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco, en todos ellos, la protección que a sus mujeres ya otorgaba el Estado, se verá robustecida.
Negar la existencia de este fenómeno, sería irresponsable, y aún cuando las cifras de estos ilícitos sean mayores en otros Estados (6.61 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Estado de México la tasa corresponde a 1.75) se debe reconocer que en nuestra entidad federativa, este fenómeno ha dañado el tejido social en todos sus estratos a pesar de las medidas que ya se venían tomando, en este sentido, la multicitada solicitud coadyuvara a los fines de la correcta protección que el estado debe a sus habitantes.