Cerca de alcanzar el último tercio de la presente administración, la misma ha otorgado a los mexicanos un legado en materia de justicia; en menos de una semana, dos instituciones que habrán de acompañarnos en todo momento han visto la luz, significando desde su concepción y posterior nacimiento un logro no de alguna fracción o grupo, sino de demandas ciudadanas que desde hacía años se escuchaban sin que esas voces tuvieran eco hasta el día de hoy, me refiero propiamente al Sistema Nacional Anticorrupción y al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El primero, forma parte del paquete de reformas que emprendió el actual ejecutivo federal y surge después de dos años de trabajo legislativo, culminando con la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la cual se basa en siete pilares que tienen como objetivo establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre las principales instituciones del país, con la intención de hacer verídico el anhelado combate a la corrupción.
Este sistema, estará conformado por un Comité Coordinador, Secretaria Ejecutiva, Sistema Nacional de Fiscalización, y un Comité de Participación Ciudadana, además de contar con una Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), adecuaciones al Código Penal Federal, entre otras normas jurídicas.
Por otra parte, tenemos la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mismo que tiene su origen en una Reforma Constitucional del año 2008, y que desde entonces hasta este 18 de Junio de 2016, puso a Gobiernos Federal y Estatales a realizar una serie de extensas modificaciones, que implicaron la adecuación de las instituciones judiciales de cada estado, a través primeramente de la construcción y adecuación de instalaciones, hasta la capacitación del personal que habrá de trabajar sobre este nuevo sistema.
El NSJPA entre otras características, considerará a todas las personas imputadas de un delito como inocentes, hasta que se demuestre lo opuesto; las audiencias que conformen los juicios serán orales estando a la vista de todos los interesados, se privilegiará a la implementación de justicia alternativa para delitos menores y el Juez estará obligado a presidir la totalidad de las audiencias. Logrando con todas estas medidas la erradicación de un aparato ahora obsoleto, que año con año reportaba números cada vez menos esperanzadores y su saturación hacia menos creíble la correcta impartición del Derecho.
En suma, México estrena dos instrumentos que le permiten comenzar a vencer un lastre que esta enraizado en muchos de sus tejidos sociales e instituciones y también acercar de mejor manera una justicia más certera a quienes así lo requieren. Aclarando en todo momento que se trata de un inicio y que ambos son perfectibles con el paso del tiempo y las necesidades que presente la sociedad mexicana.
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