El 27 de Mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción, y que a la postre darían origen al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción mexicano.
A partir de ese momento, se otorgó al Congreso el plazo de un año para la expedición de las correspondientes leyes secundarias: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Dos Leyes Generales Reglamentarias) y al menos otras cinco más complementarias. Fue el 18 de Julio pasado cuando finalmente se promulgó este sistema a nivel Nacional resaltando en ese momento por supuesto, la aprobación de la ley 3 de 3 nacida de la propuesta ciudadana.
Poco más de un mes después, el Estado de México se suma a esta iniciativa; el Gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, ha enviado al Congreso Mexiquense una iniciativa en dicha materia y en la misma, se incluyó una posible Ley 3 de 3 para funcionarios y Municipales. De ser aprobada, la reforma incluirá la modificación del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mismo que se transformará en Tribunal de Justicia Administrativa. También incluirá la creación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, conformado por el Órgano Superior de Fiscalización, el Secretario de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justica Administrativa, los Consejeros de la Judicatura, el Fiscal Anticorrupción, el Presidente de Transparencia y el Comité de Participación Ciudadana.
De ser aprobado por los 75 Diputados Mexiquenses, el nuevo sistema local anticorrupción, velara primeramente por el empoderamiento del ciudadano promedio, permitiéndole a través de un Comité de Participación Ciudadana, ejecutar políticas de fiscalización y más aún, la propuesta incluye una Ley 3 de 3 a través de la cual los servidores públicos Estatales y Municipales, estarán obligados a presentar su declaración patrimonial la de interés y la fiscal, mostrando con este acto la disposición total por transparentar el ejercicio público.
Es una política pública de primera generación que busca que la ciudadanía tenga la certeza sobre los actos de gobierno y el actuar de los servidores públicos en la función pública y más por el malestar que causa a la población el despilfarro del erario público, busca transparentar las acciones de los servidores públicos, con la intención de fortalecer las instituciones para prevenir y castigar la corrupción, otorgándoles autonomía y hacer la rendición de cuentas más transparente.