De acuerdo con una iniciativa presidencial y con la finalidad de crear una herramienta estratégica para el crecimiento,
desarrollo y fortaleza económica de las PyMES (pequeñas y medianas empresas), el Gobierno Federal realiza compras públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública, etc., garantizando que estas sean al menor precio y máxima calidad.
Por tal motivo las dependencias públicas deben planear y ejecutar dichas compras, con la garantía de que los beneficiados sean los pobladores, para lo cual deben llevarse a cabo licitaciones públicas, de acuerdo con procedimientos ya establecidos en los que deben basarse y evitar que los beneficios sean a intereses privados.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido que los procesos de compra pública son vulnerables a la corrupción, y solo la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley (de estos tres temas les hablaré en mi próxima columna), serán los que aseguren el uso eficiente de los recursos.
Todo lo anterior viene por el reporte que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sacó a la luz este mes, en el que se enfoca en una de las áreas más vulnerables a la corrupción que son las compras públicas, analizando a 260 instituciones federales.
El año pasado, de estas compras cuatro de cada 10 pesos se gastaron en procedimientos sin competencia; el 41% del monto total fue adjudicado en forma directa; además el 4% tuvo invitaciones que fueron restringidas. Las instituciones federales adjudicaron 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasmas, sancionadas y de creación reciente.
El IMCO al hacer un comparativo con el 2021, llegó a la conclusión de que las instituciones federales tuvieron un aumento de riesgo de corrupción respecto al 2020 de más del 29%, ya que de 260 instituciones analizadas había corrupción en 75 de ellas; y el 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal fue por medio de adjudicaciones directas, en un proceso que limita la competencia
Cabe resaltar que una de cada tres licitaciones no se hizo públicas e incumplieron con uno o más documentos; y por solo mencionar una, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del 98% de las compras realizadas, no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) y no es posible saber el número y nombre de los proveedores que participaron; y las compras que no cuentan con el enlace funcional a la documentación llegan al 53%.
Es por ello por lo que el instituto considera: “hasta ahora, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo como la corrupción han sido insuficientes”. Comentario que después de ver los resultados y gráficas resulta afirmativo.
Menciona que el gasto en compras públicas en México durante el año de 2021 equivale a $4’822,407’023,021 y el PEF (presupuesto de egresos de la federación) fue de 473 mil 391 millones de pesos, equivalente a 160 aviones presidenciales.
Cabe señalar que los datos podrían aumentar si fuera posible monitorear riesgos de corrupción en dos empresas públicas del gobierno como son: la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, pero desgraciadamente sus compras no son publicadas en Compranet y por ello IMCO, no las tomó en cuenta.
Soy un partidario de la transparencia que todos nos genera confianza, ojalá que esta se recupere y se logre la meta de las instituciones con el INAI, que se rige bajo el principio de “máxima publicada en los asuntos públicos.”
Eduardo Blanco