El pronóstico dice que la encuesta popular programada para el 1 de agosto no alcanzaría el 40 % del listado nominal del Instituto Nacional Electoral (INE), alrededor de 37 millones de ciudadanas y ciudadanos, para que sea “vinculante” y atendida por autoridades correspondientes, con el fin de revisar el
comportamiento de gobernantes del pasado.
Por diversos motivos: no se contó con presupuesto suficiente para organizarla, van a ser mucho menos las mesas receptoras que el número de casillas instaladas para las elecciones del seis de junio pasado, la pregunta es tan confusa y ambigua que hasta medios internacionales se han atrevido a calificarla de cantinflezca y si la intención es saber si se debe enjuiciar a ex presidentes, hace mucho tiempo que la sociedad dio su veredicto.
Quedará para la historia la kilométrica pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Si bien no se lograría el 40 % del listado nominal, la mayoría que participe en la encuesta respondería “sí” para que se esclarezca el desempeño de “actores del pasado”.
¿Y luego?
El punto crítico, podría venir acción cocreta contra alguno de los personajes que está siendo investigado.
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@zarateaz1
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