En aras de contribuir a que prevalezca la verdad e impere la justicia, las consideraciones hechas por el ministro Arturo Zaldívar,
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para lo que debe de ser la crítica y el debate sobre resoluciones de juzgadores, son bienvenidas.
Descalificaciones, adjetivos, especulaciones y la diatriba no favorecen el esclarecimiento de asuntos cuando lo que se requiere es que vayan por delante razonamiento, juicio y sensatez.
Cierto que en ocasiones la parte afectada cae en la desesperación al advertir actuaciones contrarias a la impartición de justicia, perdiendo de vista que los juzgadores son humanos y que por lo mismo pudieran llegar a equivocarse. Nadie es perfecto, la justicia no es ciencia exacta, no es suma de dos más dos, hay ley, interpretaciones y revisiones.
Antes equívocos, lo conveniente es señalarlos para contribuir a que se corrijan; procurar que floten verdad y justicia.
Dentro de este contexto, la alerta sobre resolución emitida por la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Tribunal Primero Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México.
El Séptimo Tribunal Colegiado, de oficio, sin queja de por medio, ordenó al unitario emitir nueva resolución (Toca Penal 21/2018) para que motivara o fundara penalizaciones aplicadas y lo que hizo, a la vista de cualquier analista y experto en leyes, fue prácticamente repetir lo que ya había hecho.
Tribunal de Alzada revisará esa actuación; deberá garantizar que se respete su mandato y prevalezcan justicia e imparcialidad.
Arturo Zárate Vite
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