Rogelio Ramírez de la O, ahora asesor económico internacional, ex secretario de Hacienda, es en el mundo financiero
una persona respetable, dominador de su tema y con una opinión que pesa.
Como titular de Hacienda su opinión fue clave para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) quedara fuera de la reforma judicial.
Nadie ha protestado porque los juzgadores de este tribunal no vayan a ser electos por el pueblo el 1 de junio.
Por supuesto, hubo un momento en que el tema se puso a consideración del equipo de gobierno.
La decisión se aprobó por unanimidad, por méritos propios del mismo tribunal.
Cuando se empezó a evaluar su desempeño, se argumentó, entre otras cosas, que era del dominio público que entre los litigantes o abogados se ubica al tribunal como el más cercano a lo que es la impartición de justicia, el único que se salva por su actuación imparcial, sin cargarse para ningún lado.
No ha sido ni es perfecto, pero es el que tiene menos puntos negativos en su desempeño.
A través de su historia y ejercicio, no hay escándalos de juzgadores que hayan utilizado la impartición de justicia para enriquecerse.
Fueron de los primeros en aceptar que sus ingresos debían estar por debajo de lo que recibía el presidente, desde que se incorporó la obligación en la Constitución. No objetaron la medida, en contraste con la inconformidad de la mayoría de los miembros del poder judicial.
Otro punto a su favor es que los presidentes del tribunal no han sido protagonistas ni se han esmerado en buscar reflectores mediáticos.
Se han dedicado a trabajar, con discreción y prudencia, con mesura.
Por eso, cuando le preguntaron a Rogelio Ramírez de la O sobre el futuro del tribunal, opinó a favor de que se dejara fuera de la reforma judicial y que sus juzgadores siguieran siendo electos por el Senado.
Arturo Zárate Vite
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