Ayer por la mañana la Policía Federal se situó en las instalaciones estratégicas de la Autopista México Acapulco en territorio guerrerense. Esto motivo que aquellos que habían acostumbrado la toma de casetas para enriquecerse al amparo de un presunto movimiento reivindicatorio vieran cortadas sus aspiraciones. Los cálculos
de las utilidades hablan de un promedio de un cuarto de millón de pesos cada dos horas en cada caseta, lo que les prodigaba mas de un millón de pesos en dinero contante y sonante a normalistas y miembros de la CETEG. A eso se acostumbraron los malandros, porque seguramente muy poco de ese dinero fue destinado a "la causa" y si mucho a los bolsillos de los líderes. Desde ayer se termino el negocio, pero con seguridad seguirán acechando la oportunidad de seguir haciendo lo que bien aprendieron.
Después de iniciado el operativo carretero comenzó una bien estructurada y preparada conferencia de prensa protagonizada por el Procurador Jesus Murillo Karam, y el Jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomas Zerón, quienes dieron cuenta cabal de todo el trabajo realizado por los investigadores, especialistas, científicos, peritos y Ministerios Públicos. Lo cierto es que cuidaron que no quedara un solo resquicio que pudiera servir a quienes desde hace cuatro meses mantienen una lucha sorda contra las instituciones legalmente constituidas. Pero eso no quiere decir que los grupos de maestros y normalistas cejen en su intentona de descarrilar al gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que era de esperarse que vertieran argumentos desgastando las irrefutables pruebas presentadas por el Estado Mexicano.
Felipe de la Cruz, quien ha suplantado la voluntad de los dolientes padres de los alumnos muertos, así como el abogado Vidulfo Rosales, señalaron que nunca aceptaran la verdad del Procurador. Vaya con el par de gañanes que ahora desafían la versión oficial del Estado Mexicano simplemente porque les viene en gana seguir con su movimiento subversivo para terminar de aniquilar la precaria economía de Guerrero y provocar un conflicto social. Exigir que los jóvenes sean entregados vivos no es mas que una estratagema para seguir manteniendo el foco de insurgencia y el discurso de que fue un crimen de Estado.
El operativo realizado por la Policía Federal también llevaba la intención de ejecutar cerca de cuarenta órdenes de aprehensión contra los principales instigadores de la violencia en Guerrero, pero al parecer alguien les dio información del operativo y decidieron buscar guarida fuera de su habitual madriguera. Mientras tanto se espera que los padres de los normalistas sigan exigiendo lo mismo que su vocero y el presunto abogado de Tlachinollan que al final ha resultado ser el principal instigador de la rebeldía magisterial y de los alumnos de la normal, violando derechos a diestra y siniestra con la careta de defensor de derechos humanos. La hipocresía de los instigadores del caos en Guerrero resulta evidente ya que se han quedado sin argumentos válidos para refutar las versiones oficiales y solamente acuden a la negación de los hechos simplemente porque no conviene a sus intereses. Ojalá la PFP comience a imponer la ley metiendo a la cárcel a los delincuentes que han hecho de Guerrero su botín. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.