Se cumplió un año de la tragedia que provocó seis muertos y cuarenta y tres desaparecidos en Iguala de la Independencia. Se dice fácil pero ha sido muy difícil para este país porque desde entonces hay muchos intereses para que México permanezca estacionado en Ayotzinapa, y aunque nos cueste aceptarlo lo están logrando. Los mexicanos permanecemos impávidos ante el odio que los interesados en detener la marcha del país han sembrado en contra de nuestras instituciones, pero sobre todo en aquel que las encabeza. México no puede permanecer sitiado por el dolor y el odio, y tenemos que aceptar que pese a todo lo que se diga, aquellos que insidiosamente pretenden culpar al Presidente De la República lo están logrando.
Los padres de los normalistas desaparecidos se reunieron con el Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, y plantearon una serie de exigencias que a muchos seguramente parecieron exageradas, pero hay que entender el contexto en el cual se desarrolló la reunión. Y no es que los reclamos de los dolientes sean disparatados, simplemente es que quienes los están asesorando pretender vender cara la desgracia y sacar provecho político de ello. Y la mejor muestra de ello es el giro que le dieron ya al movimiento al asegurar que conformarán una fuerza política capaz de enfrentar y confrontar al Gobierno Federal, además de aglutinar a todas esas fuerzas sociales que pululan las izquierdas y que resultan harto beligerantes.
Por eso digo que están buscando sacar provecho político porque con las tomas de casetas en Guerrero han acumulado una buena cantidad para seguir realizando activismo en la zona de la Montaña, que es donde Tlachinollan tiene su sede y ha construido su espacio. Por eso algunos especialistas han afirmado que tanto Vidulfo Rosales como Felipe de la Cruz han aprovechado la ignorancia de los adoloridos padres para ideologizarlos. Independientemente de ello, Enrique Peña Nieto se mostró receptivo y aseguró que al propio Gobierno Federal le interesa mucho que la verdad salga a flote. Los reclamos fueron producto del dolor, y algunos simplemente son difíciles de conceder porque implica exponer la soberanía del país ante los apetitos de los presuntos especialistas, que lo único que han demostrado es una alta especialidad para controvertir al gobierno y descalificar el trabajo realizado por las instancias oficiales.
Los padres tienen todo el derecho de exigir el esclarecimiento del destino de sus hijos, lo que no pueden provocar es el sometimiento del Estado Mexicano a los designios que les aconsejan aquellos que los manipulan. Crear una unidad especializada es posible, pero que ellos otorguen el visto bueno es una exageración. Investigar a Ángel Aguirre Rivero es un acto de justicia, pero pretender criminalizar a quienes realizaron los trabajos de investigación es aberrante. Que los peritos del GIEI permanezcan no representa problema, pero aceptar como verdad irrefutable sus planteamientos si. Finalmente, no debe haber criminalización contra los normalistas por el simple hecho de serlo, pero quienes cometan delitos deben responder por ellos. Las exigencias se tienen que atender siempre y cuando no contravengan las leyes. Es lo justo. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.