La división de poderes ha sido una de las formas de gobierno más exitosas, y no es otra cosa más que una manera de organizar al Estado dividiendo sus funciones en tres esferas diferenciadas que asumen responsabilidades distintas con el objetivo de limitar la concentración personal del poder. Hasta ahora ha sido la forma de gobierno más exitosa en el devenir de los pueblos y se ha significado como la manera más fichas de representar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de las decisiones que se toman en las tres instancias gubernamentales. No ha sido fácil la permanencia del equilibrio de poder a causa de las ambiciones personales de quienes acceden a la titularidad gubernamental o a la representación popular.
De ahí que el Constituyente de 1917 visualizara la conveniencia de dividir las funciones gubernativas en tres cuerpos legales que conformarían al Estado, y lo representarían mediante tres tipos distintos de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En esa particularidad es que se ha mantenido y expresado nuestra vocación por los procesos democráticos, y aunque hemos sorteado diversos avatares, hasta ahora hemos salido a antes y podemos decir que hemos sido exitosos en conservar.la forma de gobierno y de representación popular que nos dimos hace casi cien años. Durante mucho tiempo el Ejecutivo asumió la conducción porque así lo establecía el costumbrismo desarrollado por los componentes del sistema político, pero la democracia nos permitió una nueva forma más democrática de equilibrar el poder y de mantener la viabilidad y el funcionamiento administrativo del país.
El Presidencialismo Mexicano es un referente ideológico y aunque no exento de problemas se ha mantenido porque así lo hemos querido los ciudadanos que cada seis años reafirmamos nuestra vocación por la separación de poderes. La normalidad democrática y el equilibrio de poderes existe donde las atribuciones están adecuadamente compensadas, de modo que ninguno pueda tomar preponderancia sobre los demás. Pero esta circunstancia está en riesgo a causa de las ambiciones políticas de las oposiciones que pretenden someter a su arbitrio las decisiones del Ejecutivo. Que el Senado de la República proponga a quienes deberán ocupar las plazas vacantes de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desequilibraría la operatividad del Estado Mexicano. La Constitución establece que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone.
De prosperar la propuesta de que sea el Legislativo quien proponga y que el propio Legislativo disponga los nombres de quienes deberán ocupar las vacantes, sería el acto más lesivo que registre la historia contra el equilibrio de poderes que hasta ahora nos ha mantenido unidos, el poder quedaría a merced de las ambiciones personales. Someter al arbitrio del Senado de la Republica dichos nombramientos no tan solo pone en riesgo la independencia judicial, sino el equilibrio gubernamental que nos hemos dado los mexicanos evitando que alguno tenga la preeminencia suficiente que ponga en riesgo esa neutralidad que hasta ahora ha evitado una descomposición de eso que llamamos: Estado Mexicano. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.