El Estado Mexicano sigue dado pie a que las cosas no salgan como debieran.
Y no es que haya perfidia para que no funcionen, simplemente es que nuestras autoridades ministeriales hace mucho tiempo que perdieron eso que se llama "eficiencia", y por consecuencia las cosas no salen como debieran. Un problema es la descarada intromisión de los presuntos especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que traen su propia agenda cuando debieran compaginarla con la de la Procuraduría General de la Republica. El problema es que hasta ahora cada quien tiene su calendario de actividades en torno al lamentable caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cada quien por su lado y cada quien entregándose información a cuentagotas.
De acuerdo a los hechos recientes, los mal llamados peritos que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya están prejuiciados contra la Procuraduría General de la Republica. Resulta muy marcado el posicionamiento tendiente a descalificar el trabajo de la dependencia y las declaraciones de más ciento diez delincuentes aprehendidos y confesos. Han sido los presuntos autores materiales de la muerte de los normalistas de Ayotzinapa quienes han aportado la mayor parte de los indicios en torno a su desaparición física y la forma en que fueron incinerados en el basurero de Cocula. Fueron ellos mismos quienes aportaron los datos para recuperar parte de los huesos que fueron analizados en Austria, pero para los presuntos especialistas eso no es concluyente.
Ahora resulta que piden al Estado Mexicano olvidarse de Cocula y buscar en otro lado lo ocurrido el día en que la policía de Iguala los detuvo y los entrego a los criminales. Pareciera que lo que en realidad buscan es profundizar la incertidumbre para mantener el discurso reivindicador que conviene a "Tlachinollan", y a Vidulfo Rosales. Quienes conocen el origen y las actividades de la presunta organización que defiende derechos en la zona de La Montaña en Guerrero, saben bien de sus actividades subversivas y la protección que brindan a quienes siembran amapola en las laderas de los cerros de la zona, plantíos que son cuidados por indígenas a quienes les pagan una miseria.
Más que trabajar con los peritos de la Procuraduría General de la Republica, los mal llamados especialistas se han dedicado a presentar sus informes ante los padres de los normalistas y los medios de comunicación, cuando debieran haberlo hecho ante la instancia del Estado Mexicano encargada de las indagatorias que es la PGR. Con ello se comprueba el sesgo que pretenden dar al caso. Resulta patético observar la presentación de sus conclusiones ante los medios de comunicación utilizando a padres de los desaparecidos como escudo, y dirigidos por Vidulfo Rosales, vocero de Tlachinollan. Los peritos no son autoridad en la investigación y operan como si lo fueran. Quienes pagamos su estadía y trabajo somos los mexicanos y debieran dar cuenta de lo que hacen a la Procuraduría General de la Republica y no a los medios como lo han venido haciendo. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.