Cada vez que la temporada de cobro de aguinaldos se acerca, los mexicanos nos enteramos de las cantidades exhorbitantes que los funcionarios de alto nivel llegan a cobrar, y las empobrecidas posibilidades de los desprotegidos trabajadores. La compensación de fin de año es una contraprestación establecida primero en la
costumbre como fuente principal de la ley, y después en los ordenamientos que rigen las relaciones laborales como producto de las conquistas de los trabajadores.
Las cantidades varían de acuerdo a la disposición que tenga con los trabajadores el sector patronal, o a las condiciones generales de trabajo como una de las principales conquistas laborales. Pero también hay que decir que en la mayor parte de las veces las cosas se hacen de acuerdo a las posibilidades o disposiciones de los dueños del dinero. Para decirlo claro y preciso, no es muy común que los aguinaldos se cubran conforme a la ley.
También existe la otra cara de la moneda, es decir, aquellos que reciben sus percepciones de forma segura, y en algunas ocasiones hasta con variaciones a la alta a causa de las contraprestaciones adicionales por su desempeño. Claro está que esto sólo ocurre entre las clases pudientes o en el sector gubernamental, donde la disposición de los recursos en beneficio de los altos funcionarios se destina de forma discrecional.
Ha llegado la temporada de la riqueza para muchos, y ente ellos están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recibirán aguinaldos con montos estratosféricos simplemente porque ellos mismos disponen las cantidades y la periodicidad. La Constitución señala que nadie debe ganar más que el Presidente de la República, pero los señores ministros se pasan por el arco del triunfo a la Constitución, cuando debieran ser garantes de la legalidad. Ganan más, y reciben más aguinaldo que el propio Presidente.
Ni que decir de los órganos autónomos, donde la asignación de las retribuciones mensuales son calculados no con base en la letra de la ley, sino por la discrecionalidad de sus principales funcionarios para obtener bastardos beneficios, además que las compensaciones de fin de año son bastante altas. Los diputados también han dado de qué hablar porque se llevarán más de 400 mil pesos este fin de año. Seguramente los senadores harán lo mismo, al fin y al cabo que para eso se cobran los impuestos.
Resulta bastante grosero e injusto que funcionarios de alto nivel obtengan este tipo de prestaciones cuando tenemos y mantenemos a cerca de 20 millones de personas en la pobreza alimentaria, esos que comen una o dos veces al día, y a la mitad de la población en la pobreza. No es justo que un país con tantos menesterosos dilapide las contribuciones para que una bola de haraganes se los asignen de manera discrecional. Ese no es el México al que aspiramos ni el que pretendemos construir.
La pregunta obligada es: ¿Y dónde quedó la justicia? Al tiempo.