Investigar posibles vínculos de funcionarios públicos con los miembros del crimen organizado fue lo que provocó el asesinato de Miroslava Breach, quien colaboraba en el periódico Norte, de Ciudad Juárez.
Ayer el medio de comunicación presentó su último ejemplar impreso a causa de las constantes amenazas que recibe de los cárteles que se mueven en la zona, y por la nula respuesta de las autoridades cuando de brindar auxilio a sus colaboradores se trata. Así de simple: el Norte dejó de circular.
La pregunta que nos hacemos quienes trabajamos en los medios es: ¿Donde está la garantía de la libertad de expresión? Porque mientras esa libertad no sea tutelada, protegida y garantizada por el Estado, la vida de quienes nos dedicamos al noble y cotidiano ejercicio de informar y formar opinión siempre estará en riesgo. Y no es que pretenda con ello señalar que el peligro es constante, pero cubrir las fuentes de las procuradurías y las corporaciones policiales es ahora tarea de alto riesgo.
Hay que reconocer que hoy el gremio periodístico está siendo silenciado por el nuevo poder: “El poder del cártel”. Ya no es como en 1988 o 1971 donde el Estado mexicano reprimió no tan sólo movimientos sociales, sino a los propios líderes de opinión. No estamos en el Chile de Pinochet o en la España de Franco o en la Venezuela de Maduro, donde el Estado es el que asumió la tarea de silenciar a los periodistas. Insisto, hoy la libertad de expresión enfrenta a un nuevo enemigo: el cártel.
Recordemos que el 2 de septiembre de 1989 ocurrió en Colombia el atentado perpetrado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria contra el diario El Espectador simplemente porque no le gustaba lo que publicaban quienes ahí colaboraban. El poder del señor Escobar se consolidó mientras decrecía la fuerza del Estado colombiano, y fue tanto, que logró incluso someter a las autoridades para que le concedieran construir el lugar donde sería recluido, y del que se fue cuando consideró que había sido suficiente.
Los mismos hombres que atacaron a la Marina en Nayarit o a la Secretaría de la Defensa Nacional en Michoacán, son los que atacaron y asesinaron a Miroslava. Porque es ese ente amorfo y en la mayoría de las veces desconocido, el que se apropia de territorios sin piedad sometiendo autoridades y ciudadanos a un régimen de terror y sangre porque esa es su finalidad.
El problema para nosotros es que ahora incursiona impunemente en el control de productos legales, fijando territorios y concediendo autorizaciones a cambio del pago respectivo. No sólo es la libertad de expresión la que está en riesgo, sino la viabilidad del Estado mexicano porque hay un estado delincuencial paralelo que no sólo rige no las relaciones sociales, sino las comerciales. Ese es el nuevo poder del “cártel”. Al tiempo.