El pacto

Javier Duarte de Ochoa es un hombre joven que dio muestras de realizar brutales actos de irresponsabilidad cuando fue gobernador de Veracruz.

Al igual que Roberto Borge Angulo, entendieron la función de gobierno como si fueran poderosos reyes que todo lo disponen y todo lo arreglan por su simple voluntad. Esa fue una lamentable distinción de la generación de gobernadores que acompañaron a la gestión de Enrique Peña Nieto, y que despertaron grandes expectativas entre los militantes del Partido Revolucionario Institucional.

Las autoridades mexicanas decomisaron 41 propiedades a Javier Duarte, quien ha sido condenado a nueve años por corrupción, pero que podría salir libre en tres años si se le otorgan beneficios penitenciarios. Esto fue informado por la Fiscalía General, pero muchos especialistas en derecho penal han alertado de la particularidad que podría colocar en libertad al veracruzano, y son los propios fiscales que al parecer estuvieron alertando todo el tiempo a las autoridades de la procuración de justicia por los excesos registrados que hoy son base de la acusación por enriquecimiento inexplicable.

Si de algo podemos tener certeza los mexicanos, es que es un número pequeño para los cálculos que se han realizado para determinar el monto de lo saqueado al patrimonio de los veracruzanos. Hasta ahora no existe un inventario de cifras reales acerca del daño a las arcas públicas durante los seis años que el señor Duarte estuvo al frente de Veracruz, y mucho menos del numerario que hubiere manejado de forma discrecional. En este país los gobernantes disponen de enormes cantidades de dinero en efectivo de forma habitual.

Han sido muchos los analistas que ponen en entredicho la probidad de las autoridades mexicanas por el posible pacto que se menciona acordaron con Javier Duarte de Ochoa para su probable excarcelación en un plazo no mayor de nueve años, lo que significa que los arreglos extrajudiciales son producto de los pactos de poder, pero sobre todo de la impunidad con que se conducen quienes pertenecen a la encumbrada clase política que todo lo dispone y todo lo negocia.

Después de la alharaca mediática que se organizó cuando se dio con el paradero del señor Duarte en Centroamérica, y su remisión para ser enjuiciado por los  excesos cometidos durante y que pagara por las fechorías cometidas en el, ejercicio del poder, me perece que la sentencia de nueve años es un evento negociado, lo que habla de que el manto de impunidad sigue teniendo vigencia y arraigo entre nuestra clase política de todos los partidos y orígenes.

Javier Duarte de Ochoa fue sentenciado a nueve años de cárcel, a los que desde luego se descontarán los que correspondan por buen comportamiento y otros tantos beneficios. Que el señor Duarte recupere su libertad en los siguientes siete u ocho años será una brutal ofensa a la conciencia de los mexicanos, porque los empobrecidos sujetos que cometen un robo menor con tal de llevar algo de alimento a sus hijos, se quedan muchos años languideciendo. Caray, hasta para la aplicación de la justicia hay clases. Lastimosa realidad.

Al tiempo.