Si hay algo que los mexicanos no podemos olvidar, por ningún motivo, son las injusticias. Y menos cuando en alguna de ellas se involucran gobernantes o
integrantes de los tres poderes, o de las estructuras gubernativas descentralizadas. Porque son ellos quienes mayores obligaciones legales y morales tienen con los ciudadanos, porque los elegimos directa o indirectamente para que velen y propicien el avance de nuestras comunidades en todo el territorio patrio.
Por otra parte, también tienen la obligación de de procurar el establecimiento las bases legales y morales para garantizar y mantener la vigencia de la convivencia armónica de los ciudadanos en todas las latitudes del territorio de este país. El problema es que esa particularidad de nuestros gobernantes que durante muchos años se mantuvo vigente ha comenzado a erosionarse y en ocasiones a desaparecer por la carencia de esos valores cívicos y morales que fueron sustento de nuestra cohabitabilidad.
No existe ya mucha distancia entre lo legal y lo ilegal, porque los conceptos y la letra de la ley son estirados en una u otra dirección de acuerdo a los intereses y la conveniencia de quienes nos gobiernan, o quienes nos representan, y en el caso que me ocupa en esta ocasión, me parece que los mexicanos estamos presenciando un brutal tráfico de influencias de un representante popular que se vio involucrado en un lamentable accidente de tránsito en el que murió un joven de apenas veintiún años.
Cipriano Charrez es un diputado Federal electo porque así lo determinaron la mayoría de los habitantes del distrito en el que compitió y que forma parte del Estado de Hidalgo. A él lo eligieron para que los representara en el Congreso de la Unión, y particularmente en la Camara de Diputados, y sus razones habrán tenido, pero hace algunos días protagonizó un accidente que terminó con su credibilidad y por consecuencia lo hizo aparecer como un delincuente.
En México la calidad de delincuente la adquiere todo aquel que haya cometido un delito, y aunque lo niegue el señor diputado Cipriano Charrez es un delincuente. Con su camioneta de casi un millón de pesos, embistió a un vehículo diez veces menor en el precio, pero provocó la muerte de un joven de escasos veintiún años y no hizo nada por salvarlo de las llamas que provocó con su impericia etílica. Pero también abandonó el lugar de los hechos y se presentó tres días después a decir que daba la cara porque el no iba manejando. Claro, los muertos no hablan.
Ahora resulta que el señor Charrez ya consiguió el perdón por parte de los familiares del joven asesinado, porque tengo que decirlo, fue un homicidio imprudencial el que protagonizó el señor Charrez, aunque lo hayan ayudado los poderosos amigos con que al parecer cuenta. Si alguien extendió el perdón legal, como lo afirma, el hecho sigue siendo un delito, porque insisto, es un homicidio imprudencial, y el perdón de algún familiar del occiso no puede estar por encima de lo que disponen las leyes. Bien haría el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en dar la cara y no esconderse como lo hizo el “pudiente” diputado Charrez. Al tiempo.