Sin lugar a dudas muchas cosas se hicieron mal, otras fueron el emblema de
eso que llamamos corrupción, y lo demás fue ineficiencia pura. Así de simple el razonamiento de los actuales integrantes de eso que mal se ha llamado “La Cuarta Transformación”, porque no es la cuarta, ni es una transformación planeada y controlada, sino simples remiendos o cambios cosméticos que en nada alteran los resultados obtenidos hasta ahora. Bien dicen por ahí que chivo viejo no aprende maroma nueva.
El problema es que esos que llegaron al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no son más que los mismos que en el pasado hicieron las cosas mal, esos que encabezaron las dependencias públicas con desastrosos resultados, o que fueron echados de su partido de origen a causa de su nula productividad política. Pocos son los que valen la pena, pero también hay que señalar que hay otros que valen la pena por su probada eficiencia, como son los casos de quienes encabezan la Secretaria de Turismo. Los demás no son otra cosa que los despedidos del pasado.
Ahora fue Manuel Bartlett quien salió a lanzar culpas al pasado dando a conocer una lista de exfuncionarios públicos que ahora trabajan en empresas particulares y a quienes acusó de dañar a la Comisión Federal de Electricidad, siguiendo las instrucciones del Presidente de la República de Dra a conocer la lista de ex funcionarios públicos que presuntamente cayeron en conflicto to de interés por aceptar cargos de asesoría en las mismas empresas a las que entregaron contratos energéticos cuando estuvieron en el gobierno.
Así de simple se lanzan las culpas del pasado en la “cuarta transformación”, saliendo simplemente a dar a conocer a los medios de comunicación los presuntos hechos del pasado y condenando el que hayan buscado trabajo una vez concluidos sus encargos. Que yo sepa este tipo de circunstancia no está penada en ningún ordenamiento legal, además de que constitucionalmente cada quien puede dedicarse a cualquier oficio u profesión siempre y cuando sea lícito.
Por lo que corresponde al “Conflicto de Interés”, defínese a los conflictos como las diferentes confrontaciones que ocurren entre dos o más personas, teniendo como causas intereses que se oponen, y en el documento titulado “Prevención e Identificación de Conflictos de Interés”” de la Secretaria de la Función Pública de agosto de 2016, se establece que “un conflicto ocurre cuando los intereses de un servidor público chocan o interfieren con los intereses y objetivos de la institución pública y afectan indebidamente su trabajo y responsabilidades”.
Hasta ahora, legalmente no existe impedimento para que un expresidente o ex funcionario publico busque trabajo en el campo de su especialidad una vez terminado su encargo, y mucho menos puede ser sancionado como se pretende al criminalizar esta circunstancia.
No es suprimiendo libertades como se pueden justificar las ineficiencias del presente, pero mucho menos intentando lanzar culpas al pasado.
Mal va esa Cuarta Transformación que hasta ahora se ha constreñido a lanzar culpas al pasado.