Sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador está mostrando su disposición para iniciar el andamiaje legal que le permita convertirse en Dictador, y al Movimiento de Regeneración Nacional en el instrumento de control popular para la manutención de sus aspiraciones dictatoriales y la acotación de nuestras libertades. Hasta ahora el Partido en el poder mantiene una gran influencia entre los principales mandos de las dependencias gubernamentales, lo que le permite orientar las decisiones en favor de sus postulados y de sus agremiados.
El proyecto de apoderarse de la toma de decisiones en los estados del país está detenido por decisión de los propios gobernadores quienes ya mostraron que no se mantendrán pasivos ante las andanadas de quienes han sido designados como Delegados Generales, para que al final del camino puedan convertirse en los nuevos gobernadores y operadores del Movimiento de Regeneración Nacional. Ese ha sido el proyecto presidencial con la concentración del poder y las decisiones en los Delegados Generales, pero muchos gobernadores ya mostraron y demostraron que no están dispuestos a servir de escalones para el tabasqueño.
Si bien es cierto que esos Delegados Generales cuentan con los recursos para hacerse de una base social que los lleve a competir en las elecciones por la gubernatura, también lo es que sigue latente el rompimiento del Pacto Federal por la coalición que han formado los gobernadores de la Frontera Norte, quienes decidieron iniciar la defensa de su soberanía estatal abriendo el debate para operar una posible decisión de abandonar su anexión a México y constituirse en Estados Libres y Soberanos como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su incansable búsqueda de concentración de poder para llevar a cabo su propuesta de constituir una ramificación más de los movimientos bolivarianos del sur del Continente, el Presidente de la Republica se juega una nueva carta al pretender que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática sea la dependencia encargada de medir el estado de riqueza o de pobreza de todos los mexicanos, otorgándole atribuciones para que en su momento, y por la fuerza, puedan acceder a constatar lo que los ciudadanos han reportado en sus declaraciones patrimoniales. Vaya, quiere una copia de la Gestapo Nazi.
Claro está que antes tendrá que modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar al INEGI las atribuciones propuestas, y dicha disposición también pasará obligatoriamente por los Congresos de los Estados que conforman La Unión. A fuerza de ser sincero, no creo que los gobernadores se queden de brazos cruzados sabiendo que de ello depende mantener esa libertad que nos hemos dado los mexicanos, y esa forma de gobierno en que los estados del país cuentan con la libertad para tomar decisiones y para mantener esa soberanía que los proteja de posibles excesos del poder central.
El frente electoral conformado por Andrés Manuel López Obrador sigue operando de manera delincuencial socavando el orden constitucional que los mexicanos alcanzamos a través del Movimiento Social de 1910, y con la única finalidad de conculcar esas garantías individuales y colectivas que nos hemos dado para mantener incólumes nuestras aspiraciones de mantener a México a salvo de los políticos con aspiraciones dictatoriales. El único bastión que nos queda antes de entrar a la dictadura, son los gobernadores, quienes tienen la obligación de salvaguardar el carácter Republicano de ser Estados Libres y Soberanos. Al tiempo.
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