El término “Estado Fallido” ha sido empleado para describir a un estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos de su población.
Tradicionalmente, se mide el fracaso de un estado con los siguientes parámetros: corrupción política e ineficacia policial y judicial. Los términos Estado, Nación y País se pueden intercambiar a menudo, pero también pueden presentar matices: Estado alude más a lo legal e institucional, nación, a lo humano y lo cultural, y país, a lo geográfico y territorial.
Los tres elementos que le dan existencia al Estado son el humano, el territorio y el poder. Cuando un estado es fallido se presenta la carencia de capacidad para detener la violencia y la corrupción, pero también hay que señalar que el estado fallido existe desde hace mucho tiempo porque se presenta la circunstancia de la penetración que tiene y mantiene la criminalidad en las estructuras del Estado mismo. El territorio es la condición fundamental para la aparición del Estado, y los estados existen siempre ligados a la condición de una realidad material.
Los principales elementos de un Estado son: pueblo o población, territorio y poderes públicos. En el Estado Mexicano se considera que los tres elementos esenciales son el pueblo, el territorio y los poderes públicos. La calificación de “Estado Fallido” se presenta cuando existe una pérdida del control físico del territorio, del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, o la incapacidad de responder a las emergencias. Para decirlo más claro, en México los tres elementos principales del Estado Mexicanos son: población, territorio y poderes públicos.
De ahí que la pérdida del control territorial sea una de las condicionantes para asumir que un Estado es fallido porque tiene y mantiene una falta de control, físico del territorio, o del monopolio en el ejercicio legítimo de la fuerza pública, que le hace perder la capacidad de responder a las emergencias nacionales. Mientras tanto, el Estado de Derecho se refiere al principio de la gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas al imperio de las leyes, que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.
En este contexto, desde el momento en que el Presidente de la República decide no castigar la comisión de delitos en la mayor parte del territorio del país, estamos ante la circunstancia de un estado inoperante para defender a sus habitantes o población, que por desgracia coloca a disposición de la delincuencia para que sean sometidos o manipulados para que respondan a un poder supranacional como ha venido ocurriendo con el fenómeno delincuencial al que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador le rinde cuentas y le cede amplios territorios.
Su estrategia de abrazos y no balazos no es más que una estratagema para colocar a la población a merced del hampa y que sea ella quien determine la forma de gobierno municipal, estatal y federal, con lo que podemos afirmar que Andrés Manuel López Obrador es el principal operador del crimen organizado que hoy domina la mayor parte del territorio nacional. El Estado de Derecho ha sido cedido por el Mandatario a las bandas criminales del todo el país, cuyos integrantes se han convertido en los verdaderos operadores políticos de la mal llamada Cuarta Transformación. Por desgracia, hoy el crimen organizado despacha en Palacio Nacional. Al tiempo.
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Lic. En Derecho por la UNAM. Lic. En Periodismo por el Instituto Carlos Septien. Conferencista. Experto en Procesos de Comunicación. Expresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Miembro del Consejo Nacional de Honor ANPERT, con 50 años de experiencia en diversos medios de comunicación.