Sin lugar a dudas la discusión en el contexto de lo que se ha llamado la “Reforma Hacendaria”, que para muchos no pasa de ser una simple reforma fiscal con un alto contenido social, se ha trasladado del ámbito de la representación popular y los posicionamientos partidistas, al campo de los medios de comunicación.
Pueden ser muchas las razones por la que los medios aborden con tanto interés un asunto como este independientemente del contenido noticioso o por razones del debate público, pero no puede dejarse de lado otra circunstancia no menos importante, y es que la clase empresarial ha comenzado a visualizar que existe algo que no le conviene y de inmediato ha comenzado a manifestarlo.
También debo señalar que existen muchos compañeros periodistas que han sido portavoces de los posicionamientos del interés grupal, comercial o empresarial, porque también forman parte de esa intrincada red de intereses. Observar a muchos de ellos en programas especiales es el primer indicativo de que las instrucciones son confrontar la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, misma que ya pasó la aduana de la Cámara de Diputados, y por consecuencia, si las cosas pasan de la misma forma en el Senado de la República, habrán perdido esa posición de privilegio que muchos han mantenido durante tantos años, y ahora tendrán que tributar de la misma forma en que lo hacemos la mayor parte de los mexicanos.
Esos privilegios son los que han originado esa lucha de interés a la que me he referido, porque durante mucho tiempo han mantenido regímenes de excepción que les favorecían enormemente frente a una clase media cautiva que es en la que se sustenta la principal base tributaria del país, y por consecuencia la que mayormente aporta para el sostenimiento del aparato burocrático del Estado y los programas de infraestructura. Los tres mil millones de pesos que le fueron condonados por el fisco a Emilio Azcárraga son el principal indicativo del estado de privilegio que mantenían los grandes empresarios, pero también tienen que aceptar que fueron incentivos en su momento, y que ya han dejado de funcionar porque no aportan nada al país, y que no pueden seguirse manteniendo por tiempo indefinido para que los poderosos sigan acumulando riquezas.
Argucias como Teletón, redondeos, donativos a causas sociales, a grupos vulnerables, han sido utilizadas para evadir de forma descarada las obligaciones tributarias de la clase más rica del país. De lo que se trata en todo caso es que los sectores más desprotegidos de la población tengan incentivos fiscales para la adquisición de los productos de la canasta básica y medicamentos, lo cual sería un acto de verdadera justicia social. Que paguen más los que más ganen es otro de los principios que deben sostener la finalidad de lo que será la nueva relación tributaria entre gobernantes y gobernados. La lucha de intereses seguirá hasta que terminen las discusiones en el Senado de la República y tengamos ya una posición definitiva en torno a la llamada Reforma Hacendaria. Los empresarios piensan que pueden triunfar ganando el debate mediático. ¿Y los jodidos cómo se pueden defender? No hay forma, porque para ellos no hay concesiones. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.