Pareciera que la inseguridad pública llegó para quedarse entre nosotros. Hasta ahora ha sido uno de los problemas de más difícil solución porque involucra no tan sólo la comisión de los delitos, sino los eventos que originan esos delitos, la vida de quienes los cometen y los padecen, los mecanismos de prevención y de persecución, la readaptación de aquellos que tienen que compurgar penalidades en los penales del país que se han convertido en centros de especialización criminal, y el rompimiento del tejido social a partir de la pérdida de valores y el erosionamiento de los principios que mantenían la unidad familiar y la búsqueda de mejores condiciones de vida como aspiración colectiva.
Hasta ahora los mexicanos hemos comprobado que no es un asunto de fácil solución, y que para desgracia nuestra parece que tendrán que pasar muchos años para que recuperemos esa normalidad a la que estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo, y que nunca será igual. No es fácil hacer una predicción de lo que se tiene que hacer para terminar con esta ola delincuencial que se presenta en todo el país, y que se focaliza y agudiza en algunas regiones mutando hacia otras como si respondiera a una estrategia planeada y controlada desde algún lugar. No sé si los delincuentes tengan esa capacidad, pero hasta ahora hay muchos eventos que no creo que respondan a la casualidad, sino a las causalidades propias de los intereses perversos del crimen organizado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el clima de inseguridad en el país declinará cuando se abata la impunidad y se fortalezcan los derechos de las víctimas del delito y de los abusos del poder. Pareciera que esta declaración nos condena a padecer los abusos de criminales y gobernantes porque hasta ahora y pese a los reclamos de los ciudadanos en ese sentido, no existe la decisión de la clase política de todos los partidos por empoderar a los ciudadanos para mantener sobre ellos una persistente vigilancia para que cumplan con los encargos conferidos, y dispongan de las rentas públicas de forma recta y proba. Los avances que hemos alcanzado en torno al incremento de los derechos ciudadanos han sido pocos y producto del activismo de muchos mexicanos porque los gobernantes prefieren mantenerse dentro de la comodidad que les otorga la discrecionalidad.
Brindar seguridad pública es un mandato constitucional que presuntamente obliga a los gobiernos a resguardar a los ciudadanos del hampa, pero por más dinero que se ha invertido en ello en los últimos quince años, hasta ahora la ineficiencia ha sido el resultado. Me parece que la impunidad a que se refiere la CNDH corresponde no tan sólo a los actos ilícitos de quienes nos gobiernan, sino a la carencia de efectividad para castigar a quienes delinquen sean políticos o delincuentes, aunque que muchos de los primeros se mimetizan con otros tantos de los segundos. Lo cierto es que seguirá existiendo impunidad hasta en tanto no seamos los ciudadanos quienes vigilemos que verdaderamente haya justicia, y que encontremos la forma de castigar a quienes no cumplan con lo que prometen durante las campañas políticas. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.