Roxana tiene 14 años y vive en Chiapas en una comunidad del Municipio de San Juan Chamula. Aceptó que un hombre mayor le hiciera la corte porque forma parte de sus usos y costumbres. Lo que nunca supo Roxana es que eso la marcaría por siempre, y que padecería una de las expresiones más deleznables de la condición humana. Napoleón Hernández es el consorte de Roxana y si algo lo distingue es la mendicidad, porque alguien que realiza el acto de encarcelar a su cónyuge simplemente porque se dijo abandonado, que algo debió realizar para que una niña huyera, es un sujeto merecedor del escarnio y quizá de la reacción propia de aquellos de su género que se consideren bien nacidos.
Ese abandono, dice, le costó quince mil pesos en gastos, por lo que solicitó le fueran resarcidos de inmediato. Desde luego que para ello contó con la complicidad del Juez de Paz, Ricardo López Hernández, quien seguramente observó que podría obtener algún beneficio, y de inmediato determinó una providencia precautoria para que la menor no dejara la región sin haber compensado al ofendido marido. La encarceló para esperar a que sus familiares pagaran no tan sólo la indemnización, sino la multa que impuso arbitrariamente y que asciende a 24 mil 700 pesos que aplicó quien sabe con qué tabulador. A Roxana solamente le duró el gusto tres meses y prefirió alejarse de Napoleón, pero ahora está la cárcel por no tener dinero para pagar la multa que le impuso el juez y el presunto daño que ocasionó al hombre que con falsas promesas la desposó porque solamente vio en ella un buen negocio.
Una niña de 15 años, originaria de San Juan Copala, en la zona indígena triqui, fue comercializada por sus padres con un sujeto que se la llevaría en calidad de esclava al Distrito Federal. El precio por tener a la menor y hacer lo que le viniera en gana con ella fue de cuarenta mil pesos, y lo que es fácil imaginar es un futuro lleno de desesperanza, frustración y esclavitud sexual. Un padre o una madre que se comporta de esta manera no merece ser llamado así, pero esto ocurrió en Oaxaca por eso que se denomina "usos y costumbres", leyes no escritas que responden más a la condición humana que a las leyes que rigen nuestra convivencia de forma armónica.
Lo peor de todo es que la iban a entregar simplemente porque sus padres tenían una deuda con un imbécil abogado de nombre Basilio Ramírez, quien por cierto formó parte del grupo de la Sección XXII que invadió el Zócalo de la Ciudad de México, con lo que se confirma el perfil delincuencial de quienes se dijeron maestros y que terminaron por descubrirse como una caterva de delincuentes. Lo peor es que la menor huyo, pero una juez de nombre Elizabeth Roxana López Luna la entregó a sus padres Margarito Cruz y María Juana santiago, quienes le propinaron una brutal golpiza por oponerse a su venta. Esas son las cosas que no pueden seguir ocurriendo en este país porque no forman parte del catálogo del México al que todos aspiramos. La cárcel tiene que ser el destino de los culpables. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.