Para algunos especialistas el concepto de justicia social surge a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de contar con un reparto equitativo de los bienes sociales, y en ello se incluyen los bienes que detentan el Estado y las estructuras gubernamentales. De lo que se trata es que las clases menos favorecidas por el desarrollo cuenten
con oportunidades justas que les permitan emerger a mejores condiciones de vida, hasta satisfacer al menos sus necesidades primarias. El problema histórico de este país radica en que los detentadores del poder, llámense políticos y la opulenta clase empresarial, se han apoderado de esas oportunidades y han confinado a los simples ciudadanos a la subsistencia. Por eso en México la mitad de la población está dentro de los márgenes de la pobreza y la quinta parte en la pobreza alimentaria.
Haciendo uso de ese concepto amorfo en que se ha convertido la sociedad cuando de citas políticas se trata, el Senador miguel Barbosa Huerta, Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores, advirtió que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene la responsabilidad de investigar e integrar los debidos procesos para que los responsables del fraude cometido a través de la empresa Oceanografía sea castigado. Me parece que el señor Barbosa tiene toda la razón y que el Estado Mexicano que conduce el señor Peña Nieto tiene que castigar los delitos que fueron cometidos durante muchos años por diversos personajes mediante la utilización de esta empresa.
El crecimiento de dicha empresa inició con la generosa aportación de los pudientes hijos de Martha Sahagún de Fox, quienes se convirtieron en los eficaces gestores para que la empresa alcanzara a ser la número uno en contratos con la paraestatal más importante del país. Después vendrían las desventuras de Francisco Gil Díaz, Dionisio Pérez Jácome, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corso, Jesús Reyes Heroles y Juan José Suárez Coppel. Todos ellos favorecieron a la empresa en cuestión y el pedimento del señor Barbosa Huerta es válido y al que la mayor parte de los mexicanos nos adherimos incondicionalmente. Por ahí comienza el camino de la justicia social, porque la paraestatal es propiedad de todos los mexicanos y no de unos cuantos.
Pero también el señor Barbosa Huerta debiera ser congruente, porque parece observar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo espero que el Senado de la República, que tiene jurisdicción para vigilar lo que ocurre en el Distrito Federal investigue quien se robó los más de doscientos cincuenta millones de pesos de las becas que manejaba la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y también espero que el Senado se responsabilice de aclarar el brutal despojo que se hizo del dinero de los ciudadanos con el proyecto de la Línea 12 Metro. El proyecto inició en 17 mil millones de pesos y terminó en 52 mil millones. ¿Dónde quedaron esos 35 mil millones de pesos? ¿Quién se los robó? ¿Por qué la impunidad campea en el Distrito Federal? Ojalá el señor Barbosa se tome la molestia de contestar eso a los simples ciudadanos, esos que dice que esperamos que se aclare el caso “Oceanografía”. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.