Andrés Manuel López Obrador vuelve a las andadas y pretende que el Gobierno Federal se aparte de la legalidad y que libere de inmediato a José Manuel Mireles. No sé si el señor López Entienda algo acerca de lo que significa “legalidad” o “estado de derecho”, y quizá sea algo que muy poco le ha importado porque hace mucho tiempo le dio por mandar a volar a la norma
jurídica. Cuando decidió que construiría los segundos pisos en la Ciudad de México, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidieron que no habría presupuesto para ello, pero violentando la norma transfirió recursos de todas las dependencias y formó la bolsa a invertir en un acto brutal de desfachatez. Cuando los diputados le enviaron el Código Financiero para que fuera publicado, simplemente quitó lo que no le pareció, y lo publicó como le dictó su santa voluntad.
No es que tenga alguna inquina contra el señor López, pero si alguien no puede hablar de legalidad es el tabasqueño. Por cierto, nunca ha querido rendir cuentas acerca de las enormes cantidades de dinero que gasta en cada evento que organiza, y tampoco ha querido decir de donde proviene el que utiliza para la formación del partido que espera utilizar para postularse por tercera vez como candidato a la Presidencia de la República. Y no es que el señor López Obrador sea un mago de las finanzas, simplemente amasó una considerable fortuna con los contratos de obra durante su gestión en el Distrito federal, además de esquilmar con el diez por ciento de su salario a cada uno de los funcionarios del gobierno local. Por eso creo que como abogado del señor Mireles será un completo fracaso, pero no tiene empacho en pedir que se violen las leyes para que se satisfaga su petición.
En este país nadie puede andar por ahí caminando por donde se le pegue su regalada gana con un centenar de hombres armados tras de sí. Eso es un delito en cualquier parte del mundo, y en México está sancionado con prisión preventiva mientras se ventila el juicio a que cualquier mexicano tiene derecho. La sanción es alta porque es un delito considerado grave ya que las armas que llevaban los acompañantes del señor Mireles son de uso exclusivo para el Ejército y las Fuerzas Armadas del país. Retar al estado Mexicano con un pequeño o enorme grupo de hombres armados es apartarse de la ley, por muy guardia comunitario que se diga.
José Manuel Mireles pensó que la ley no se hizo para que le fuera aplicada, y me parece que la soberbia fue producto de la presunta veneración que recibió de los grupos de la izquierda mexicana, quienes tienen por costumbre realizar este tipo de retos y después solicitar mesas de negociación para evitar la aplicación de la ley. Mireles no puede ser liberado hasta que se agoten todas las instancias del juicio que se le sigue y hasta que sea sentenciado por el juez de la causa. Aunque diga que al momento de su detención no portaba arma alguna, lo cierto es que encabezaba un grupo de hombres armados. Las fuerzas paramilitares no están permitidas en el país, pero así como ha sido enjuiciado Mireles, se tiene que enjuiciar a quienes hacen lo mismo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La vigencia del estado de derecho es condición necesaria para mantener el orden constitucional. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.