A ver. Miremos con calma las cosas. Pasaron ya cuatro años desde que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder y con él demasiados compromisos. Esta vez sólo aludiré el compromiso en materia de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado.
Cambió la retórica policial, es cierto, pero se mantuvo prácticamente igual el esquema de combate a la delincuencia organizada que activó el aciago gobierno de Felipe Calderón, el mismo personaje dicho sea de paso que en sus insomnios más locuaces mira a su esposa en la silla presidencial. Pero esa es otra historia.
El punto es que hace unos días el titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, planteó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la urgencia de legislar para dotar a las fuerzas armadas del país de un marco jurídico adecuado para soportar la actuación castrense en la lucha contra el crimen.
“A los detractores de nuestras Fuerzas Armadas [les digo] que nadie está buscando un marco legal para militarizar al país, al contrario, es para que cumplan lo que están haciendo con un marco legal y después se regresen a sus cuarteles, que no estén todo el tiempo en las calles”, dijo Osorio Chong en Acapulco, un bastión del crimen.
Pero a ver. De nueva cuenta veamos otra vez con calma. Aquí hay cosas raras porque parece lo que no es o es lo que no parece, cualquiera de ambas.
Si los militares están hace diez años en las calles, no parece que todo sea un asunto breve y si están allí, sin un sustento jurídico, por las razones que sean, pues algo debió hacerse hace mucho tiempo.
De otra forma parece que estamos en los años de don Porfirio Díaz, quien alegremente argumentaba al tiempo de ordenar: “mátenlos y después virigüe”.
Calderón, ya lo sabemos, mandó a los militares a las calles del país a tontas y locas, sin otro objetivo mejor que dizque legitimar su precario gobierno, ganado a la mala.
Aquello fue una carnicería dicho en todo el sentido de la palabra. Se cometieron atropellos y crímenes sin fin como parte de los “daños colaterales” que infelizmente llamó a las víctimas inocentes de una guerra criminal y descarnada. No hubo tregua ni mucho menos fin a la locura calderoniana, avalada por su esposa, cínicamente ahora suspirante presidencial.
¿Había otra alternativa? Claro que si, pero Calderón insistió en la carnicería por seis años. Las cifras de esa tragedia nacional llenan de espanto.
Llegó Enrique Peña y sólo cambió el discurso. Las cifras repiten el drama nacional. Ahora se pide una ley de seguridad interna para resguardar la actuación de los militares y yo me pregunto ahora por qué tanta urgencia después de cuatro años. A la calle los militares aún sin un soporte legal para ello. Así se vive en México, sin el estado de derecho que tanto se pregona.