Cada año durante la temporada de lluvias, la Ciudad de México registra embates graves que dejan una cauda de severos daños materiales, pero sobre todo personas damnificadas momentánea o permanentemente. Ya casi no es novedad que se aneguen calles, arterias y vialidades primarias. Tampoco que se vengan al suelo decenas de árboles o estructuras. Menos aún que decenas de autos queden varados y, peor aún, arruinados, por inundaciones generadas debido en buena parte a la impericia e indolencia y descuido de las autoridades capitalinas.
¿Las autoridades? Bien, muy bien afortunadamente para ellas. Después de todo ni sufren, ni se inmutan y mucho menos acometen acciones preventivas y/o de mitigación a favor de los sufridos habitantes de esta megaurbe mexicana.
Miguel Angel Mancera, quien cobra bastante bien como jefe del gobierno –asi lo llaman- de la ciudad de México, anda más preocupado por definir los tiempos de su salida del cargo para lanzarse a una nueva e incierta aventura en pos de la presidencia del país. Así que ni suda ni se acongoja, menos aún cuando hay lluvias. Lo de él, es la ambición política, la nueva estafeta que espera asumir para los siguientes seis años.
¿Por qué se inunda la ciudad de México?
Es cierto que la capital del país es una urbe de riesgo elevado por la naturaleza y la sedimentación de los materiales que la constituyen. La base de la ciudad es acuosa como sabemos. Igualmente sabemos que la capital mexicana se asienta en una cuenca cerrada.
Por estas características morfológicas es que se hunde como consecuencia de la compactación de los materiales de la cuenca lacustre. Estos materiales son predominantemente arcillas, que son permeables.
Esta sería una explicación técnica mínima del por qué la tatarabuela de México-Tenochtitlán se hunde cada vez a un ritmo más acelerado.
Pero también hay otras razones, digamos de orden político, para explicar el hecho de que la ciudad de México prácticamente naufrague cada vez que sobrevienen lluvias intensas.
Atrás de este fenómeno “natural” están la voracidad de políticos o gobernantes y empresarios inmobiliarios, que lo último que ponen en consideración –si es que lo ponen- es la vida y la seguridad de los gobernados.
El mejor ejemplo de esto es la zona residencial de Santa Fe, un ex relleno sanitario o para decirlo en términos coloquiales un tiradero de desechos y basura de todo tipo que se convirtió en la zona más cara y de alta plusvalía de la ciudad por la avaricia y la especulación urbana alentada por las autoridades del gobierno de la ciudad.
Expertos del Servicio Geológico Mexicano han alertado sobre el incumplimiento de la ley nacional de protección civil, según la cual todos los municipios, estados y ciudades del país deben contar con un atlas de riesgo, un instrumento para proporcionar a los tres niveles de gobierno toda la información de peligros y riesgos a los que está expuesta la población, y atender los riesgos y siniestros que se susciten y prevenirlos. Pero esto no se hace.
Alertan de igual forma sobre los costos de esta imprevisión, atribuible a los gobernantes, en este caso de la ciudad de México.
México paga así un precio enorme en vidas, patrimonio e infraestructura por la ausencia de una adecuada cultura de la prevención de riesgos y el desconocimiento de la geología del país. Y así seguimos.
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