Crecen y demasiado las cifras de homicidios en México. Una expresión clara, contundente de que la violencia criminal está tomando carta de naturalización en el país. Lo peor es que la mayor parte de los mexicanos parece que nos estamos acostumbrando a este hecho. Ya poco nos inmuta o preocupa que el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), nos pinte un panorama tenebroso. Tampoco que los cadáveres aparezcan prácticamente por montones y apilados en cualquier punto público.
Datos del Inegi acaban de confirmar el saldo fatal en 2016: 23 mil 953 homicidios en México.
El número de homicidios resulta el más alto durante la administración que encabeza Enrique Peña Nieto. Es lamentable, pero sobre todo preocupante que pese a todo el esfuerzo gubernamental para abatir el crimen, el índice de homicidios siga creciendo. Los casi 24 mil homicidios ocurridos en el país durante 2016 representan un incremento significativo en comparación con 2015, cuando la cifra mortal se ubicó en 20 mil 762 asesinatos.
Las cifras del Inegi también revelan que la tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 se incrementó a 20 en 2016.
En 2014 hubo 20 mil 10 homicidios; en 2013, 23 mil 63 y en 2012, cuando Peña Nieto asumió al mando del país, el número de asesinatos fue de 25 mil 967.
El Inegi dijo que estas cifras surgen de información estadística captada de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por los estados.
Además, hay cifras de mil 916 Oficialías del Registro Civil, 416 Agencias del Ministerio Público y de 117 Servicios Médicos Forenses, que mensualmente proporcionaron información al Inegi.
Este saldo mortal tiene por supuesto un impacto económico, social e incluso cultural, hasta ahora poco o nada evaluado. El país se está desangrando. A falta de datos precisos, imaginemos lo que está costando este fenómeno en términos económicos, de empleo, productividad e inversión, cuando menos.
Además, nos estamos acostumbrando a la muerte. El ánimo social también registra un impacto ingente, aun y cuando no esté evaluado.
¿Qué hacer? Urge un cambio de estrategia ante el evidente fracaso de la política anticrimen que instauró Felipe Calderón a finales de 2006 y que prácticamente se sigue instrumentando de idéntica manera. ¿Para qué insistir en un esquema fracasado?
Aún queda tiempo al gobierno del presidente Peña Nieto. ¿Qué lo ata para instrumentar un cambio en la política anticrimen, a todas luces costosa e inservible? No debería el país y mucho menos el gobierno resignarse al fracaso y mucho menos pensar que en vista del tiempo que queda antes del relevo presidencial, ya no tiene caso hacer nada o al menos intentar algo. Sería suicida.
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