Veamos lo que no quiere verse o pretende desdeñarse en aras de no enturbiar todavía más el agitado panorama nacional, inmerso en una incertidumbre político-electoral, pero sobre todo de naturaleza económica debido a una convergencia de factores como el Tlcan, el impacto de la reforma impositiva trumpiana y, el mayor de todos, la duda en torno a la eventual fractura del modelo económico neoliberal instrumentado en México hace más de tres décadas, con resultados éste último tan controversiales como la rara incorporación
del señor Aurelio Nuño en calidad de jefe de una campaña presidencial aun cuando él mismo jamás se haya ensuciado los zapatos en los terrosos caminos del país.
El punto en realidad tiene que ver con la incorporación –supongo, espero que acordada- de los altos jefes militares de este país al debate político nacional a propósito de la idea lopezobradorista de amnistiar a los violentos. Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón se lanzaron a la yugular del político tabasqueño. Es lo de menos en todo caso. No así el hecho de que alteren la línea de mando al poder civil constituido de este país. Deben los militares, todos, subordinación al mando civil y, en particular, al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, el jefe del Poder Ejecutivo en turno.
De extrañar que ambos jefes castrenses hayan entrado al debate político. Supongo que su irrupción verbal de condena a la idea de López Obrador fue convenida con su jefe inmediato superior, o, incluso, solicitada por éste. No se entendería de otra forma.
El caso también concita la atención en medio del debate legislativo sobre la llamada ley de seguridad interior para encuadrar la actuación de las fuerzas armadas en un marco jurídico, una tarea que debió cumplirse hace tiempo e incluso antes de emitir la orden de que se sumaran al combate del crimen organizado y el narcotráfico. Vista desde cualquier ángulo, la ley de seguridad interior es una cesión del poder civil al militar, lo que es contrario a cualquier democracia.
Hace más de 10 años, los militares fueron llamados a asumir tareas de seguridad pública ante el tamaño del embate criminal. ¿Por qué desde entonces se omitió e incumplió la tarea de iniciar la profesionalización policiaca del país? ¿Desdén gubernamental? ¿Indolencia?
Es un hecho que el papel de los militares en tareas de índole policial achica, acota al poder civil constituido y revela o trasunta el fracaso, la impericia o la renuncia de éste a la primera obligación de cualquier estado democrático: garantizar la seguridad física y patrimonial de los gobernados.
"Entre mejor policía exista, menos militares. Esa es la idea de la famosa Ley de Seguridad Interior: generar condiciones para que haya una ruta crítica y que el Ejército vaya replegándose poco a poco a sus cuarteles", dijo en marzo último en Coahuila el general Cienfuegos sobre el punto.
Pero por lo pronto, lo cierto es que los militares no se repliegan. Por el contrario, ganan las calles con la anuencia, el beneplácito y aún el llamado del poder civil y de la gente.
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