La pesquisa abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) para aclarar si el candidato presidencial de la Alianza por México al Frente, Ricardo Anaya, incurrió en el delito de lavado de dinero, huele más, parece más, sabe más a una guerra política que a un propósito de aclaración de un caso judicial. Así ha sido siempre en México, así sigue siendo. ¡Qué lástima! Tantos años han valido para nada en materia judicial y el país ya ni
se sorprende y mucho menos asombra del uso de un recurso judicial para solventar una disputa política.
Y digo que así ha sido en el país porque los ejemplos se multiplican en el tiempo. Recordemos algunos de estos casos. A la maestra Elba Esther la encarcelaron cuando dejó de ser útil al sistema, y más bien, pretendió rebasar los límites de la obediencia debida. Y conste, no es que suponga ni mucho menos que la maestra Gordillo es un ave de plumaje inmaculado. Al contrario, la mayoría del país sabía o al menos sospechaba que la señora Gordillo tenía una cola larga, larga, pero sobradamente tolerada por los poderes de turno. ¿O no señor Calderón Hinojosa?
Vicente Fox pretendió desaforar a López Obrador por considerarlo un peligro para México, según argumentó- y juzgarlo como el tren que podría descarrilar la monótona sintonía de una locomotora que transita por inercia al desastre, pero que genera desde hace años abundante bienestar para unos pocos.
Miguel De la Madrid decidió la cárcel como el mejor destino para su potencial oponente presidencial, el fallecido sonorense Jorge Díaz Serrano, que pasó de un escaño en el Senado al reclusorio casi en un abrir y cerrar de ojos.
Carlos Salinas se las cobró a su manera con quienes lo adversaron durante la campaña y más todavía contra quien tuvo la osadía de advertirle en contra de la eventual privatización de Petróleos Mexicanos. Todos o casi todos los mexicanos en edad de votar sabían desde entonces quién era Joaquín Hernández Galicia “La quina”, mucho más el gobierno, pero fue la disputa política lo que motivó el golpe a “la Quina”.
Así, desde entonces y mucho antes, se ha hecho “justicia” en México dentro del ámbito político.
El caso del “niño maravilla” no es nuevo en cuanto a su procedimiento. El expediente judicial tiene dos objetivos: se descabeza al opositor y se pretende enviar un mensaje de que la justicia opera en el país.
Nada más falso. Los expedientes judiciales son sólo el recurso extremo de la política para resolver un diferendo. Lamentable en un país ansioso de justicia, simple, llana y real. El caso de Anaya, si acaso, será la antesala de la guerra por el poder. Vendrán otros, pero me pregunto si la estrategia tan manida podrá todavía hoy bastar para resolver la disputa política, y si el país está en condiciones de soportarla, dudo mucho que de creerla. Cuidado, creo que el país ya no come cuento.
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