El tema de las pensiones, millonarias claro, a los ex presidentes de México, aviva de vez en rato una polémica entre quienes creen que esos emolumentos, vitalicios por lo demás y heredables a las viudas de los ex mandatarios, y los que consideran que no deberían otorgarse de manera automática como hoy se hace.
La controversia vuelve a la palestra pública, esta vez en voz del candidato oficialista, José Antonio Meade, y su adversario y opositor, Andrés Manuel López Obrador, quien de nueva cuenta ratificó que de llegar a Los Pinos, suprimirá ese estipendio, uno más de los muchos que generan los ex mandatarios, entre ellos varios que al dejar el Poder Ejecutivo Federal aún suman una edad sobradamente apta para proseguir de muchas maneras su vida profesional.
Al margen de filias y fobias, el tema de las pensiones a los ex mandatarios debería evaluarse de manera correcta, pero sobre todo justa, y en particular a la luz de las circunstancias de un país como México, en donde los desequilibrios de todo tipo se multiplican casi al infinito. Veamos.
Apenas unos cuantos ex funcionarios en México, una mínima parte de toda la fuerza laboral del país, se hacen de jugosas pensiones por los años de servicio prestados. ¿Recuerda el caso Gurría Ordóñez en Nafinsa? Es la postura del candidato Meade, quien sostiene que de alcanzar la Primera Magistratura, respetará las pensiones a los ex mandatarios por los servicios prestados a la patria. La pregunta básica y supongo válida: ¿todos los ex mandatarios han prestado magníficos, corrijo, servicios mínimamente aceptables al país? Doy por hecho que más de uno le ha hecho un flaco servicio a México. Y sin embargo, cobran sus pingües pensiones por el solo hecho de haber ocupado la silla presidencial, haiga sido como haiga sido para citar al clásico.
No entraré ni siquiera al detalle de evaluar cuál de los últimos presidentes de México merecería, objetivamente hablando, la pensión vitalicia para él y en su caso para su viuda, extensiva muchas veces a sus hijos y parientes cercanos, un abuso típico de ex mandatarios y aún de quienes se han encaramado en posiciones de poder.
Sabemos sobradamente que en México, muchos, si no todos aquellos que asumen posiciones “de alta responsabilidad” dicen por allí, no sólo reciben jugosos emolumentos conforme a la ley, muchos de los cuales ofenden a la mayoría de los mexicanos así sean ingresos o rentas legales, sino que además, se apropian por la vía de los hechos, de muchos más beneficios, incluso por encima de los previstos por las leyes. En general, estoy seguro, son menos los funcionarios de alto nivel que actúan conforme las prácticas republicanas y de decoro o decencia personal. Para eso son jefes, dicen muchas veces ellos mismos, confundidos y tolerados. “Atáscate ahora que hay”, suele aconsejarse. Se añaden otros argumentos tan “convicentes” como los que aconsejan: “más vale que digan que fuiste ca…., que pen….” Y así lo hacen. ¿Y quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Prácticamente nadie. Así es nuestro sistema.
En consecuencia, creo que el tema de las pensiones vitalicias a los ex presidentes mexicanos debería ser sometido a una votación nacional, pero al término de la gestión presidencial. Si una mayoría aprueba la pensión, pues que se otorgue incluso con largueza para compensar, retribuir y estimular un trabajo bien hecho. En caso contrario, debería poder negarse la pensión. ¿Por qué premiar a quien lo hizo mal o de manera poco satisfactoria? Esto enviaría un mensaje al país de premios y recompensas y castigos y sanciones, altamente necesario en México, donde como bien sabemos y padecemos se premia muchas veces al bandido y se castiga el esfuerzo del decente, o al menos, no se le premia porque el bandido poderoso considera que esa es su obligación.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.