Hace nueve años 49 niños en una guardería pública de Hermosillo murieron quemados. Más de un centenar resultó herido de gravedad y con secuelas para el resto de sus vidas, que recién empiezan. Y sin embargo, la ya prolongada historia de esta tragedia, envuelta
en la impunidad, prosigue.
Ni siquiera una investigación en la que participaron magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivó en acusaciones sustentadas formalmente y mucho menos en el castigo de los responsables de estos atroces hechos, en los que todavía hoy no puede descartarse una intencionalidad deliberadamente criminal como se especula con indicios de veracidad. El incendio, debe recordarse, inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda y se extendió a la guardería ABC, convertida rápidamente en un infierno para decenas de niños y adultos.
Si acaso se actuó fue con la sospechosa consigna desde los más altos puestos de responsabilidad oficial de garantizar el encubrimiento, en hechos que coinciden con el gobierno de Felipe Calderón y que involucraron en grado de parentesco a su esposa, la frustrada candidata presidencial Margarita de Calderón.
Siete años después de la tragedia llegó “la justicia”, en mayo de 2016, cuando fue dictada una sentencia a 19 presuntos culpables, todos funcionarios de menor rango.
Desde entonces familiares de los niños han insistido en que debe castigarse a los funcionarios de alto nivel, entre ellos el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours (2003-2009), y al presidente municipal en el momento de la tragedia, Ernesto Gándara Camou, hoy senador de la república por el PRI.
Estos dos funcionarios fueron responsabilizados de no haber operado de manera adecuada los sistemas estatal y municipal de protección civil. La exigencia también incluyó al exdirector del IMSS, Daniel Karam.
Al inicio del caso, fueron procesadas 32 personas involucradas con el incidente, que incluyó funcionarios de distinto nivel, entre ellos los dueños de la estancia infantil.
Pero como suele suceder en estos casos, la lista de inculpados se redujo luego que 22 funcionarios fueron exonerados del proceso y 10 más resultaron con sentencias que los absolvieron de las acusaciones.
Las absoluciones fueron a favor –qué curioso- de Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las dueñas de la guardería y prima de Margarita Zavala. Gildardo Urquídez, otro dueño de la estancia, tampoco recibió castigo.
Las 19 sentencias dictadas por un juez dejaron insatisfechos a los padres de los niños, pues los procesos podrían extenderse todavía hasta cinco años más. Esto como consecuencia de que a las personas sentenciadas se les imputan cargos de homicidio y lesiones culposas, consideradas no graves.
Todavía hoy, los padres de los niños trágicamente muertos en el incendio de Hermosillo, insisten en que se haga justicia.
La historia se repite en otro caso emblemático, los 43 de Ayotzinapa. Han pasado 4 años desde aquella noche sangrienta en Iguala, la verdad histórica de Murillo Karam acaba de recibir un severo revés gracias a una sentencia sin precedentes de un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas.
La orden del tribunal a la Procuraduría General de la República (PGR) prevé la reposición del procedimiento por el caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Apenas dos botones de muestra sobre la justicia que impera en México, y luego se preguntan por qué tanta desilusión y hartazgo.
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