A propósito del diagnóstico y primeras líneas de acción que se propone el ganador de las elecciones presidenciales del uno de julio último, rescato del archivo histórico de la revista Proceso el siguiente texto, parte de un discurso pronunciado por el
entonces candidato presidencial Miguel De la Madrid Hurtado el domingo siete de marzo de 1982 en la capital yucateca:
“Estamos pasando por épocas difíciles y dolorosas, Los retos que avizoramos son imponentes; pero necesitamos abordar la superación de estos retos con vigor, con imaginación, con talento. Y para ello es imprescindible la renovación moral de la sociedad. Una sociedad que tolera, que permite la generalización de conductas inmorales o corruptas, es una sociedad que se debilita, es una sociedad que decae.
Y, desde luego acepto: la corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social. Lo hemos expuesto ante la nación en esta forma: la renovación moral debe ser un compromiso de todos y cada uno de los mexicanos, de todos y cada uno de los sectores y de los gremios; pero hemos de saber tomar, en el gobierno de la República, nuestros propios compromisos y nuestras propias obligaciones.
Estoy escuchando las demandas populares, estoy recibiendo las ideas de mis conciudadanos y tenemos grupos especiales de estudio para delinear todo un programa de renovación moral dentro del sector público.
Solamente para avanzar algunas ideas que estamos explorando y que en su oportunidad se convertirán en un programa vigoroso y sistemático, quiero mencionarlas aquí —les pido a mis conciudadanos que las analicen y se pronuncien sobre ellas y quiero, también, volver a solicitar de todos los mexicanos, de toda la opinión pública, que me sigan favoreciendo con sus sugerencias y con sus propuestas concretas.
Creo, desde luego, que debemos exigir una conducta intachable en los altos funcionarios de gobierno con el ejemplo, y si bien muchas veces los fenómenos de corrupción se producen a escalones intermedios o inferiores, no cabe duda que muchas veces es producto del mal ejemplo que se da en los escalones superiores de la administración pública, ya sea federal, local o municipal.
Vamos a reformar leyes y sistemas. Vamos a reformarlos para prohibir que los funcionarios responsables aprovechen su posición para promover, directa o indirectamente, a través de funcionarios, de amigos o de parientes, negocios en obras públicas, compras o aprovechamiento de plusvalías de obras públicas o acciones de gobierno.
Deben establecerse modernos sistemas de concurso o licitación para obras públicas, con base en la nueva ley de obras públicas. Procedimientos análogos tendrán que establecerse también en materia de compras; y una de las normas fundamentales que ya tiene esta ley es prohibir que se adjudiquen obras o compras al funcionario que decide, a sus parientes cercanos, ya sea que actúen directamente o por interpósita persona.
No es compatible servir puestos públicos y simultáneamente operar negocios cuya actividad se funde en relaciones económicas con el gobierno. Vamos a establecer, en la ley y en los sistemas, la incompatibilidad de intereses; o se gobierna o se hacen negocios.
Debemos limitar también las prestaciones en especie a los funcionarios públicos: automóviles, auxiliares de servicios personal o doméstico, gastos de representación o viáticos, vacaciones pagadas. Todo ello debe de quedar limitado en normas precisas. No se trata de desestimar el nivel de ingresos que deben tener los funcionarios públicos. No queremos en el sector público el desecho del sector privado por falta de competitividad o por una demagogia austera en la retribución justa de los funcionarios públicos. El Estado mexicano necesita contar con los mejores mexicanos en los puestos de responsabilidad y en los puestos técnicos. Pero sí debemos precisar con transparencia y con claridad los niveles de salarios y evitar que tengamos que recurrir a triquiñuelas o engañifas para complementar salarios que no tenemos el valor de reconocer en los presupuestos públicos.
Estoy seguro que el pueblo mexicano sabrá entender que necesitamos pagar a nuestros funcionarios y empleados, al nivel de mercado. Lo que el pueblo mexicano quiere es claridad y que no haya desviación de fondos públicos que, bajo el pretexto de complementar salarios ficticios de tipo presupuestal, se han traducido con frecuencia en abusos, en la autorretribución que se dan los funcionarios públicos. Tenemos que erradicar también otra forma de corrupción en el sector gubernamental, y es el abuso en la disposición de fondos públicos para la promoción política personal de los funcionarios. No se vale hacer prestigio con cargo a los fondos públicos. El prestigio se hace con el trabajo y no con publicidad pagada por el pueblo de México.
No niego la necesidad de que el estado tenga gastos de publicidad y de promoción. Lo que niego es el derecho de los funcionarios que en lo personal se aprovechen de estos fondos para crear prestigios falsos y para darse publicidad que no se funda en hechos efectivos.
Debemos de exigir el rendimiento público del manejo de los fondos del pueblo, de tal manera que haya un desglose suficiente y en forma accesible a la opinión pública. Debemos exigir también que los beneficiarios particulares de subsidios, apoyos o exenciones, rindan cuanta de la forma en que utilizaron esos subsidios Hemos de seguir adelante en todos los fenómenos de subsidios al sector particular por parte del Estado. Vamos a ser más concretos y más específicos, para que no solamente respondamos de los fondos públicos exclusivamente los funcionarios, sino los particulares que también se benefician con subsidios y con exenciones, así como también con permisos, con concesiones, con autorizaciones. Vamos a hacer una verdadera corresponsabilidad, si queremos manejarnos democráticamente. De los manejos de los fondos del pueblo de México tenemos que responder todos los mexicanos y no exclusivamente los funcionarios públicos.
La ineficacia es una forma de corrupción.
No basta tener honestidad en el sentido negativo, en el sentido de no hacer cosas malas. El que tiene una función pública, tiene un deber de eficacia. La ineficacia es también una forma de incumplimiento del deber social. Por ello, tenemos que establecer sistemas que eviten el nombramiento de funcionarios por motivos de mera amistad personal, compadrazgo o cercanía de familia.
La facultad de nombramiento debe ejercerse con sujeción a criterios de competencia personal y honestidad política. Debemos, por ello, reglamentar el servicio civil en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales.
Los puestos públicos no son botín ni patrimonio personal de nadie”.
¿Falta agregar algo? Si acaso desearle suerte y eficacia.
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