El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está al frente de una nueva guerra, la del huachicol, sin
que aquella que inició hace ya más de 12 años su antecesor, de memoria tan infausta, Felipe Calderón, haya concluido o arroje resultados medianamente aceptables para el país.
La guerra al huachicol, que de inmediato concitó el respaldo de un amplio número de mexicanos, es más, me atrevería a decir que de la mayoría de los mexicanos, se perfila sin embargo como la primera gran crisis del gobierno de López Obrador.
Confío en que el titular del Ejecutivo y al mismo tiempo de la Cuarta Transformación, junto con sus equipos y grupos de expertos, calibren de la mejor forma y en su justa magnitud, el tamaño del combate que les espera en un país donde recurrir a los llamados a favor de la sensatez, la paciencia y la racionalidad es cosa casi de ingenuos, y donde además la invocación de un sano y necesario nacionalismo resulta casi casi demodé y aun cursi.
El tiempo que consuma la normalización del abasto de gasolinas y otros combustibles en todo el país juega en contra de las mejores intenciones del presidente López Obrador. La labor de zapa a cargo de los entramados intereses que amalgama el huachicoleo no es cosa menor. El malestar ciudadano, real en muchos casos y en otros alentado de manera siniestra y vengativa por los adversarios del gobierno, tampoco es desdeñable en absoluto.
Hay que añadir que el desabasto o insuficiencia de combustibles será en caso de prolongarse gasolina pura para incendiar áreas geográficas críticas del país.
En pocas palabras, qué bueno que el gobierno de López Obrador asumió con valentía el combate a un robo criminal que carcome el patrimonio de todos los mexicanos y que resulta absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista. Baste señalar que se infringe la ley por acción o por omisión y aceptar el huachicoleo sería tanto como incurrir en complicidad criminal como lo hicieron varios gobiernos anteriores porque nadie podría admitir en su sano juicio y entendimiento que el fenómeno era un asunto desconocido hasta el ascenso al poder de López Obrador.
Falta ahora que se inicien los procesos legales y penales contra quienes resulten responsables de este atraco a la nación. En esto no se vale ni perdón ni olvido. Tampoco en ninguna acción contra el patrimonio del país. El costo, más que político, es que el país siga sin contar con un genuino y respetado estado de Derecho. Es demasiado oneroso vivir así, pero además resulta inviable.
El punto adverso de la nueva guerra, esta vez al huachicoleo, resulta de una estrategia incompleta para evaluar certeramente sus puntos frágiles y finos. Se requiere de estrategas y campañas adecuadas para ganar cualquier guerra. Lo sabe cualquier mariscal.
Sea por el bien del país entero que el tiempo no socave las buenas intenciones de esta guerra, o peor aún, las devore con un daño grave para la institucionalidad y la credibilidad del gobierno de López Obrador. Hay mucho en juego.
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