Contra viento y marea, la Guardia Nacional, una especie de Cascos Azules,
conforme una explicación del presidente López Obrador, fue aprobada por unanimidad en el Senado. Es una buena noticia en general para los mexicanos, expectantes hoy más que nunca de que en serio se ponga un coto al crimen organizado que se enseñorea ya hace mucho en México.
López Obrador se juega mucho en esta apuesta por la Guardia Nacional, un cuerpo esencialmente de militares bajo mando civil conforme se dispuso durante las negociaciones entre las toldas oficialista y de oposición en el Senado, que deberá dar resultados concretos, tangibles y probados a más tardar en el 2022.
Se espera que la Guardia Nacional haga su trabajo con pleno respeto a los derechos humanos, aun de aquellos a los que combatirá -se espera- hacia la segunda parte de este año. Hay quienes, con cierta razón ante la exasperación generada por el crimen desbocado, abogan por lo contrario y niegan el mínimo respeto de la condición humana de los criminales, delincuentes y otras lacras. Se entiende el reclamo de un segmento muy amplio de la sociedad mexicana para que en el combate a los criminales se obvie el respeto a los derechos humanos. Es un tema polémico y de alto riesgo. Un estado civilizado y democrático no debería olvidar ni conculcar en forma alguna los derechos humanos de todo gobernado. Es, debe ser, la norma de la civilidad. De otra forma estaríamos condenados a la barbarie propia de estadios sociales ya superados o que deben quedar extinguidos. Es complejo y de alto riesgo, pero debe ser.
Un ejemplo típico de esa barbarie que debe quedar en el pasado, en la historia, son los linchamientos, o la justicia por mano propia, que de manera creciente hemos registrado en diversos estados y aún en la capital del país. En el exceso barbárico y brutal de una multitud enloquecida se han privado vidas inocentes. Inadmisible fenómeno social por inhumano, pero sobre todo por contravenir principios mínimos de la convivencia social y en particular el estado de derecho, al que hay que propender por sobre todas las cosas. Es un camino harto difícil y prolongado, pero ha de ser así si queremos algún día tener una sociedad formal.
El consenso logrado en la Cámara Alta para dar luz a la Guardia Nacional es destacable. “Nada por la fuerza, todo por la razón”, ha dicho más de una vez el hoy jefe del Ejecutivo federal. ¡Enhorabuena!
¿Quién se beneficia con este nacimiento? Aparte de los actores políticos involucrados en las negociaciones, cuyo espíritu deberá ahora proseguir en la Cámara Baja y más tarde en los legislativos estatales, las primeras beneficiadas en sí resultan las fuerzas armadas del país, que hace tres sexenios venían bregando por la conformación de un marco jurídico formal que convalidara su actuación en la guerra al crimen, una prioridad nacional.
Vienen cinco años difíciles para la Guardia Nacional, los más complejos quizá a partir de su creación y operación, pero sin regateos hay que esperar que este tiro le salga bien a México. Conviene y urge.
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