Es un hecho que en este México de la 4T, sellado por la pandemia del Covid-19, cada sector, grupo o
incluso poder del Estado mexicano, está empeñado en el bien conocido juego de Juan Pirulero, uno donde cada quien atiende su parcela sin que hasta el momento haya poder político suficiente y aún bastante para encarrilar al país bajo el paraguas pleno del orden institucional, legítimo y democrático.
¿Qué se observa? En general hay desorden en las guías esenciales de acción del gobierno, donde por ejemplo y sólo para referir un caso, topamos con un canciller que hace las veces de un cefalópodo omnímodo para atender y resolver –según lo deseable- temas que abarcan funciones sanitarias y aún de gobernabilidad, correspondientes a otros despachos del Ejecutivo.
Cumple como le es posible la cancillería tareas que debieran ser desahogadas por ejemplo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular designado –que no a cargo- Javier Jiménez Espriú, se ve poco en los predios del Palacio Nacional. Hay versiones incluso sobre un presunto choque entre el titular de la SCT y el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina, en torno al control de puertos y zonas costeras del país en momentos en que la pandemia embiste con fuerza.
Parte del desorden institucional que se percibe también afecta al representante del Poder Ejecutivo, que en medio de la peor pandemia del siglo se permite el anuncio sobre la compra de estadios de béisbol y aún el relanzamiento de la iniciativa sobre la revocación del mandato presidencial como si éste se tratara de un tema clave para al menos encauzar un posible solución al drama sanitario, económico y social que atenaza al país, y cuyas repercusiones se anticipan catastróficas, en contra de lo que cualquier persona sana pudiera desear.
Sobre la pertinencia de obras de infraestructura nacional en estos momentos en que peligran la salud y aún las vidas de más de cien millones de mexicanos, casi ya apena hablar. Aludo claro a las obras insignia de la 4T, que incluyen el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Aun y cuando pudiéramos creer que se trata de desarrollos estratégicos para el país en tiempos digamos normales, en la circunstancia actual sería deseable y aún esperable un replanteamiento sobre su pertinencia y oportunidad.
En otro frente pero con un telón de fondo invariable, marcado por la pandemia, es patente la controversia entre el presidente y los gobernadores de varios estados del país, en un tira y afloja no sólo por las herramientas institucionales, vituallas y aprovisionamiento para combatir el Covid-19, sino además por las cifras de enfermos y aún muertos, sin incluir de ribete –imagínese usted- el amago de rompimiento del pacto federal por asuntos fiscales y pecuniarios. Aunque inimaginable una eventual balcanización nacional, el tema revela el grado de confrontación y agandalle en un ámbito que debería ser de plena colaboración institucional sobre ejes definidos, concretos y específicos.
De igual forma, palpitan los brotes virales incluso en las relaciones y/o acercamientos de enfoque entre el gobierno federal y la gestión capitalina de la Dra. Claudia Sheinbaum, quien ha delineado y practica una “sana distancia” en algunos temas relacionados con el coronavirus como por ejemplo el uso de mascarillas y/o cubrebocas en el sistema de transporte colectivo Metro o la adopción de un modelo epidemiológico propio ante el repunte en las últimas horas del número de intubados en la capital del país.
La gobernante recién admitió que Ciudad de México está entrando en una nueva “fase delicada” en materia sanitaria, que teme podría recrudecer en las últimas semanas de este mes, en mayo, y “así sucesivamente”.
Ni hablar de la ruta paralela que recorren el presidente y el sector empresarial, donde por supuesto ni son todos los que están ni están todos los que son. Mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que comanda Carlos Salazar, aún cercano a la 4T, también toma distancia del jefe del Ejecutivo en cuanto a hacerla de cobrador fiscal a las 15 grandes corporaciones que deben al fisco, también se enfrenta a la presión de sus agremiados para que de una vez por todas levante fuerte la voz y se torne rebelde.
Gustavo de Hoyos, el siempre crítico del gobierno de López Obrador al frente de la Coparmex, previene a su vez sobre los efectos económicos y financieros por la pandemia, pero además crítica o juzga insuficientes las recetas presidenciales para impedir los peores efectos del Covid-19 en las delicadas y vulnerables esferas económico-laborales del país.
Ricardo Salinas Pliego, uno de los presuntos consentidos de la 4T, saca raja económica de su cercanía y aún experticia asesora, del gobierno lopezobradorista. Tiene al menos dos alfiles estratégicamente ubicados en la 4T para preservarse con todo y sus intereses económicos, aun y cuando uno de sus voceros más conocidos haya lanzado desde la pantalla chica un dardo envenenado -¿o no?- contra el vocero sanitario de la pandemia.
Aún sobre este “desliz”, el presidente llama “amigo” al presentador, mientras la Segob le hace llegar un apercibimiento oficial, aderezado con una amenaza de sanción. ¿Hacen sentido ambas líneas?
Más aún, mientras el presidente dijo hace unos días que sería deseable levantar la cuarentena hacia el diez de mayo, sí, el día de las Madres, en la víspera dijo él mismo que el pico de la pandemia será del 2 al 8 de mayo, un contraste que socava credibilidad.
El hecho de que los mayores bancos que operan en el país –tampoco todos- hayan anunciado planes de diferimiento de pagos, que procesan en estos días a todo vapor, es otro reflejo de cómo se está enfrentando la pandemia en México. No hay un plan articulado y entre sectores críticos del país. Cada quien está haciendo lo que cree, puede e intuye, entre esto la acelerada contratación de personal médico –casi a contrarreloj- y el avituallamiento hospitalario de última hora en una circunstancia de austeridad republicana.
Las agresiones al personal médico –hoy un segmento crítico- y aún las reacciones de odio, burla y desdén entre sectores sociales, pintan un escenario complejo para el país en momentos de alto riesgo económico, laboral y social.
Ni hablar mejor de las bajas notas propinadas por algunas de las principales calificadoras contra Pemex cuando se siguen inyectando ingentes montos financieros para rescatar a un sector petrolero en declive.
Vea usted otro ejemplo, menos relevante si usted quiere pero revelador del desorden. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, recién anunció que donará su salario de un mes –unos 86 ml pesos- para contribuir a la atención médica del virus. En contraste, numerosos legisladores estatales han rehusado aportar un quinto de sus ingresos bajo el argumento de que el gobierno federal posee los recursos.
En apoyo de muchas personas y en particular de los ancianos “más pobres”, los cárteles del narcotráfico –entre quienes figuran personalidades que merecen el humanismo presidencial- están distribuyendo de manera pública, abierta e identificada en algunos estados ayuda humanitaria concreta que segura e inevitablemente repercutirá en benévolos agradecimientos posteriores porque pese a todo nobleza obliga.
En estos días de pandemia es claro que México resiste peleado, dividido, en precaria situación económica y cada quien desde su trinchera. Ya se verán los saldos que se anticipan demasiado onerosos aun y cuando todavía evaluarlos resulte prematuro y se nos anuncie que viene “lo peor”, algo que protagonizaremos cada quien a su manera chairos, fifís, neoliberales, conservadores y adversarios, enemigos y amigos, empleados y desempleados, pobres y ricos, empresarios y trabajadores, es decir, todos, nos guste o no el juego de Juan Pirulero. Ya se verá.
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@RobertoCienfue1