Anda el país por estas horas y días como extraviado. Es probable que este extravío,
acompañado de desconcierto, resulte otra consecuencia u otro de los síntomas de la terrible pandemia derivada del Covid-19.
Echemos un ojo a vuelo de pájaro a algunos de los hechos noticiosos más sobresalientes para constatar esta riesgosa atmósfera nacional que lejos está de mover al optimismo, y qué digo optimismo –una emoción demasiado onerosa en estos días de pobreza sanfranciscana- sino a un mínimo de racionalidad. De principio a fin de cada uno de los últimos días lo que vemos en la escena nacional mueve más al desasosiego que a la templanza de ánimo. Veamos.
Recién el viernes último, la secretaría de Energía, Rocío Nahle, recetó al país, sin decir agua va, un decretazo para hacer a un lado a las empresas nacionales y extranjeras asociadas a la producción de energías limpias y renovables. La medida, que ya concitó al menos tres amparos a cargo de un juez federal, echa por la borda inversiones del orden de los 6.400 millones de dólares y esclaviza al país –al menos esa parece la intención- a la generación y consumo de energías fósiles, altamente contaminantes y más costosas. Se da además un pésimo mensaje, otra vez, a inversionistas nacionales y extranjeros, con un costo infinita y potencialmente peor que los 6.400 millones de dólares en juego. ¿De qué se trata?
¿En las circunstancias actuales debe México, racionalmente hablando, dar al traste no sólo con la posibilidad de desarrollar energías limpias, sino además, inhibir inversiones cuantiosas y de paso abrir nuevos frentes de batalla, ésta vez a través de litigios jurídicos, cuando el país ya tiene bastante más de qué ocuparse? ¿Está México tan boyante económicamente hablando como para patear posibilidades aún de inversiones en un sector de rápido crecimiento e ingente necesidad, incluso ambiental, como el área energética?
Y ante las demandas de la iniciativa privada nacional y extranjera por la medida de la señora Nahle, el presidente ratifica que su gobierno tiene derecho de poner orden en el sector al tiempo que sugiere a los quejosos que “en vez de estar demandando, es para que estuvieran ofreciendo disculpas”. ¡Cáspita! ¡Duro contra ellos!
¿No fue bastante ya arruinar las inversiones asociadas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estimadas en unos 12 mil millones de dólares, y de ribete tener que indemnizar a inversionistas por esa medida? Tampoco bastó el impacto económico –estimado en unos 1.400 millones de dólares- causado por la tramposa suspensión de la cervecera de Constellation Brand en Baja California? ¿Pues de qué se trata?
De los dos millones de desempleados, el desplome económico y la inseguridad pública que campea en todo el país, mejor luego le paso algunos datos a modo de la pandemia.
¿Tendremos que aceptar a pie juntillas y sin chistar el espeluznante sermón presidencial de resignarnos a un par de zapatos –desconozco si anual o sexenal-, la carcachita –una sola, claro- y renunciar a la “extravagancia” de tener más de una muda y si acaso su reemplazo? O mejor una de uso y otra para el cambio mientras se seca la primera. ¿Pues de qué se trata?
Llama de igual forma al espanto la propuesta del diputado y presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que se inspeccionen a domicilio los bienes de los mexicanos? Tan disparatada la idea de este señor que alguna vez tuvo la puntada de entrar al Congreso a caballo, que aún los radicales más extremos de la 4T parecen haberle echado tierra al menos por ahora. ¿De qué se trata? Hay quienes ven con temor este tipo de ideas porque supondría un globo de ensayo para por ejemplo más tarde uno de estos prohombres de la 4T pudiera lanzar alguna iniciativa para proceder a expropiar bienes privados por causa de interés público y en particular de los pobres más pobres, el emblema del gobierno a cargo.
Vamos a media semana del tránsito hacia “la nueva normalidad” en medio de un alto desconcierto que tiene entre sus pilares el crecimiento exponencial de casos por la pandemia y la presunción presidencial de que ya domamos el virus trotamundos, los remilgos de numerosos gobiernos, incluido el de la ciudad de México, para someter a sus gobernados a la forzada, peligrosa y sobre todo incierta inmunidad de rebaño, y la amenaza de proceder legalmente contra las empresas que coloquen en riesgo a sus trabajadores. ¿Qué pasa pues?
Sume usted a sus datos el dato presidencial de que las denuncias sobre el acoso y agresión en perjuicio de las mujeres en esta etapa de semiconfinamiento o “nueva normalidad”, resultan prácticamente falsas en su totalidad. ¿Qué pasa?
Y sólo por no dejar, déjeme contarle una de vaqueros si es que no sabe ya que se despacharon al Chino Antrax, un presunto testigo protegido de los primos allende la frontera norte, que más tardó en llegar al terruño prometido que en pasar pal otro barrio. ¿Pues qué pasa?
La última y nos vamos: al ex gobernador veracruzano, el inefable Javier Duarte, pronto –si acaso un sexenio- podrá disfrutar del sosiego de su dulce hogar una vez que la jueza Isabel Cristina Porras, ratificó la sentencia de nueve años de prisión al ex gobernante, detenido en 2017. El dictamen de la magistrada revocó el decomiso de 40 propiedades ligadas a Duarte, y ratificó la multa de poquito menos de 59 mil pesos. ¿Alguien me explica?
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@RobertoCienfue1