Ahora sí que como decía Andobas, el personaje clásico de los Polivoces, “da coraje” que todavía hoy, en el México del siglo XXI, la ley sea una quimera.
¿Cómo puede construirse sin ley un país sólido, viable, confiable? Se trata de una tarea cuesta arriba, si no imposible en las circunstancias vigentes. Y lo peor es que en México se violente la ley desde el poder. Y si lo hace el poder institucional del país, ¿Qué podría esperarse en los peldaños menos encumbrados de la pirámide social?
La reflexión viene a propósito de hechos recientes, puntuales y precisos que revelan la ausencia del acatamiento a la ley, único cimiento posible para la construcción de México, así, a secas. Aun y cuando mucho se ha pensado y escrito sobre el drama cotidiano que vive el país como consecuencia de la falta del cumplimiento de la ley en México, no sobra insistir en el tema.
Mire usted por ejemplo lo que acaba de pasar con los 26 detenidos en Guanajuato presuntamente implicados en una serie de desmanes violentos tras la detención de María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del denominado y temible Cartel de Santa Rosa de Lima.
Los 26 detenidos, entre ellos 17 mujeres, fueron liberados hace unos días sin que tengan al momento cargo criminal alguno pendiente. La víspera también fueron liberadas María Eva Ortiz y dos mujeres más, entre ellas una hermana y una prima de “El Marro”.
¿La razón de estas libertades? La fiscalía estatal no pudo probar ningún delito a ninguno de los detenidos.
El asesinato de uno de los abogados de la familia Yépez-Ortiz concita además todo tipo de especulaciones, lo mismo que la ausencia del perito que debía aportar pruebas sobre las conductas presuntamente delictivas de este clan. ¿Qué pasó? Pocos, si acaso, lo saben. De trasfondo quedan la duda, la sospecha y un tufo cercano al hedor de la (in) justicia. Pésima señal de naturaleza social.
Poco antes, otra jueza puso en libertad a Rodolfo Juan Yépez, padre de "El Marro", con el pago de una fianza de 10 mil pesos luego de ser capturado en un vehículo con reporte de robo. En este caso, como en tantos otros que estremecen al país, queda el desasosiego de la duda ante la indignante y peligrosa ausencia de la ley.
El caso de García Harfuch, que tanta conmoción dejó en México, también abre dudas a juzgar por los cargos que se han formulado hasta ahora contra algunos de los presuntos implicados en el cruento atentado en la exclusiva zona de Reforma Lomas.
Todo esto sin contar la decisión, recién revelada y admitida públicamente de nada menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, hijo de “El Chapo” Guzmán. Dicen los leguleyos que a confesión de partes, relevo de pruebas. La decisión presidencial, justificada por él mismo como la única forma de salvar muchas vidas inocentes, entraña sin embargo el quebranto de la ley, que el jefe del Ejecutivo prometió al asumir su cargo cumplir y hacer cumplir conforme la Carta Magna del país.
En febrero de este año, un individuo identificado como Mario Espinoza Zetina, colaborador de la senadora morenista Claudia Esther Balderas Espinoza, derribó y golpeó a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la colonia Roma.
Durante el incidente fue hallado un sobre con polvo blanco, presuntamente cocaína. Balderas Espinoza fue liberado sin cargo alguno, aun cuando el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió que se deslindaran responsabilidades.
En su cuenta de Twitter, Monreal se pronunció “por deslindar responsabilidad y aplicar la ley sin excepción. En @morenasenadores no encubriremos a nadie y nos someteremos a la ley”, dijo, sólo dijo. Pero no pasó nada. ¡Kaput!
Podríamos añadir más casos, como por ejemplo, los repentinos cambios a reglas legales convenidas y establecidas por el Estado mexicano para la operación de diversas empresas y proyectos productivos. No sólo se rompen compromisos de estado, sino que se procede desde el aparato gubernamental para perpetrar el quebranto incluso patrimonial, lo que es peor.
Un ejemplo más de este ilegal accionar es la crisis ya prolongada en Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Sería prolijo en este espacio enumerar la larga lista de ilegalidades en que ha incurrido la administración de turno en este medio público de comunicación, pero es claro que el proceder de esta forma ha colocado a Notimex en el extremo de su propia supervivencia.
Hay muchos otros ejemplos sobre la rebeldía gubernamental en general al acatamiento y respeto por la ley. Preocupa cuando menos esta conducta que tiende a generalizarse y podría llevar al país a un estado de barbarie.
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@RobertoCienfue1