Cinco meses y pocos días más transcurridos desde el estallamiento de la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano sin que el gobierno de la 4T,
uno que se reivindica así mismo como sensible, progresista y transformador, entre otros supremas y exigibles cualidades, ponga sus buenos oficios en marcha para resolver este conflicto creado por la Dirección General de esa empresa noticiosa bajo el argumento, muy socorrido en estas fechas, de combatir la corrupción.
Con base en ese argumento –que deberá probar la Dirección General como parte acusadora y que segura e inevitablemente obligará a los inculpados a defenderse como corresponde en aras de la verdad y la justicia-, la actual administración ha incurrido en todo tipo de ilegalidades, abusos y actos contrarios a un sentido estricto de justicia, legalidad y con absoluto desdén por las afectaciones graves para decenas y aún cientos de familiares de los trabajadores despedidos. ¿Cómo puede combatirse la corrupción incurriendo en actos ilegales, y no digamos abusivos y al amparo del poder? Que alguien me ilustre, por favor.
Más de 200 empleados sindicalizados, y otros inscritos en la nómina de personal de confianza, -¿corruptos e incapaces todos ellos?- fueron despedidos en los meses que siguieron a la asunción en marzo de 2019 de la titular de la Dirección General ahora sí que nomás como solemos decir en México “por mis pistolas”, o por el también socorrido argumento de la sinrazón: “porque puedo y porque quiero”. Se ejerció el criterio de la habitual y censurable insolencia del poder desde un cargo público, que por antonomasia debiera ejercerse con espíritu e interés de servicio, y sobre todo estrictamente apegado a derecho.
Nadie discute en este sentido el derecho de una empresa del Estado y aún de las firmas privadas por supuesto a prescindir de los servicios de cualquier trabajador o empleado. Es un derecho. Se repudia, critica y denuncia el acto de eliminar empleos de manera ilegal y pisoteando los derechos laborales convenidos, plenamente existentes y exigibles para las partes involucradas mediante un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). ¿No qué nada ni nadie por encima de la ley?
Hoy, en medio de negociaciones para resolver el conflicto, la representación de Notimex escamotea un diálogo respetuoso, responsable y dispuesto a poner fin a una huelga, que desconoció otra vez por “sus pistolas” y que hizo necesaria en mayo pasado la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para su acatamiento so pena de una multa.
Antes, a decenas de empleados, mujeres en su mayoría, con antigüedades laborales de 10, 20, 30 y más años, simple, injusta e ilegalmente se les echó de sus empleos sin que se cumplieran las previsiones de ley, el proceso debido y las indemnizaciones correspondientes. Nadie nunca antes, ni siquiera los repudiables gobiernos previos a la 4T, había incurrido en semejantes actos al margen de la ley. ¿Y entonces?
En forma deliberada y peor intencionada se acosó de muchas formas a decenas de empleados de la Agencia Notimex, y hubo una intromisión absolutamente ilegal en la vida sindical de los trabajadores, que fueron víctimas de la supresión de derechos, mermas salariales importantes y objeto de chantajes y amenazas. ¿Pues no que el gobierno de la 4T es diferente? ¿Para peor? La titular de la Dirección General cerró sus puertas a cualquier diálogo, contrario a lo que establece el don de gentes y peor aún, la propia ley que obliga a los servidores públicos, de cualquier jerarquía, a escuchar, atender y resolver todo tema propio de su incumbencia y que afecte el desempeño del personal a su cargo y aún de la ciudadanía en general que por alguna razón resulte agraviada o simplemente tenga algún señalamiento en particular. En cambio abrió las puertas para hostigar en redes sociales y aún desde la misma plataforma de Notimex a periodistas y/o a quienes supuso o consideró adversarios, conforme una investigación de Signa_Lab y Artículo 19 que recibió una amplia difusión en Aristegui Noticias en mayo pasado.
Una consecuencia de esta forma particular y grotesca de ejercer un cargo público –que nunca un coto patrimonial de poder personalizado- es el daño grave a una institución como Notimex que nunca en sus 51 años de vida había enfrentado como hoy decenas de demandas laborales que tiene a su cuidado y atención la JFCA. Tendrán que resolverse con base en la ley, y no en los caprichos, veleidades o humores de quienes asumen cargos públicos sin vocación de servicio, ni experiencia de gobierno, pero si con una enorme soberbia, ignorancia e incluso un gran resentimiento por razones o motivos que se especulan y trascienden pero que estrictamente se desconocen, aun y cuando sí repercuten en los entornos directos, cercanos y aún personales.
Es tiempo de poner un remedio a la crisis de Notimex, un escaparate de medios que resiente el embate de errores, abusos e ilegalidades, mentiras y aún engaños con impacto negativo para el gobierno y aún la investidura presidencial. Hay cientos de familias que de manera directa aún esperan soluciones que pasan necesaria y urgentemente por la intervención del gobierno que nos rige, que por lo demás debe ser respetable y respetado por propios y extraños con base en sus propias acciones. Intolerable resulta que los cargos públicos se constituyan en reductos de pasiones, odios y venganzas, pero sobre todo en espacios para violar la ley. México, que sufraga la operación de Notimex, está pendiente y aun ansioso de la verdad, la justicia y la ley. Ya es tiempo después de una huelga de más de 150 días, que lesiona a trabajadores y al propio Estado mexicano.
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@RobertoCienfue1