Allá en Baja California, en el último día de una gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aguijoneó a estados y municipios para que cobren impuestos y dejen de sólo esperar el cheque que la federación les envía mes
con mes como parte de los compromisos fiscales del país.
El llamado presidencial seguramente causará escozor y aún el rechazo de muchos municipios y entidades del país que hace años se niegan a entrarle al toro fiscal, y coincidió con momentos de tensión entre el Ejecutivo y algunos estados que se han puesto bravos ante lo que consideran un trato fiscal inequitativo.
Vaya manera del presidente de batear a los gobernadores rejegos y de poner en sus manos una bola caliente que por años se han negado a atrapar.
“Hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos electorales, para que no paguen el predial, para que no paguen el agua y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso, desde que estamos en el gobierno, se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y municipios”, dijo López Obrador.
Hace tiempo que en este espacio se ha insistido en lo curioso, y aún paradójico, que resulta que en un país como el nuestro, tan urgido de recursos financieros para detonar el desarrollo a través de la inversión en áreas críticas y de enorme impacto económico y social, los municipios, unos 2500 en cifras redondas, desperdicien todavía o al menos sigan sin aprovechar el gran potencial recaudatorio que tienen al alcance de su mano. ¿Cuál es la razón? Es probable que el hecho esté asociado al propio desinterés de los munícipes, o tal vez a la ausencia de una infraestructura básica para activar la palanca fiscal, incluso pudiera responder a la escasa cultura ciudadana tributaria o, peor aún, a la ancestral desconfianza del gobernado en torno al manejo honrado de los recursos que se acumulan en las arcas públicas, donde –dice la conseja- hasta el más justo peca. Alguno, o todos estos factores, juegan en el fenómeno, supongo.
Sobre el tema impositivo, a fines de diciembre del 2018 la entonces presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hizo ver que los gobernadores y alcaldes del país aún se rehúsan a entrarle al toro fiscal. “Tienen que aprender a cobrar impuestos”, recomendó, en un llamado que prácticamente entró –si acaso- por un oído y salió por otro de quienes debieron ser sus primeros interlocutores. Fue un llamado a misa, como solemos decir.
Polevnsky hizo ver entonces que “no es correcto que se hable de recursos y crean que del gobierno federal puede salir todo”. El llamado y aún advertencia de la otrora y primera presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ni mella hizo en gobernadores y menos en los alcaldes.
Estos comentarios de Polevnsky fueron hechos el 29 de diciembre del 2018 -imagínense hace ya cuanto tiempo- al término de que el presidente López Obrador firmara el Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte. Allí, la dirigente política, antes empresaria, lamentó que los gobiernos estatales prefieran muchas veces por ejemplo devolver los hospitales a la federación antes que cobrar impuestos para mejorar las condiciones físicas de los centros hospitalarios.
Aseguró entonces que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) instrumentaría recortes en todas las áreas del sector público y operaría un plan para sacar adelante al país. Puso en claro sin embargo que los gobiernos municipales y estatales tendrán que “aprender a cobrar impuestos”. Se anticipó al presidente, y aún claro al brote y rebrote de la pandemia por la Covid-19, que hace más urgente el tema fiscal, aun y cuando el presidente también se ha resistido hasta ahora a acometer una de calado profundo. Su crítica a munícipes y gobernadores estaría anunciando una alerta, al menos, y un reclamo contra la marrulla. Ya se verá.
En una charla entonces con el Coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Adrián García Gómez, éste admitió la existencia del “gran potencial recaudatorio en muchos municipios” del país.
Alertó que el asunto de los impuestos en los municipios del país sería “uno de los temas centrales” en cuanto llegara el momento de discutir una reforma fiscal, un tema aún pendiente en México y al que de igual forma, se teme aun y cuando la recaudación tributaria del país resulte “la más baja, medida como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
García Gómez destacó que la estrategia actual del gobierno de la 4T se enfocaba “en combatir la evasión y la elusión fiscal, donde la SHyCP estima que se pierden entre 3 y 4 puntos del PIB de recaudación”, un caudal de recursos potenciales.
Para dimensionar este monto, apuntó García Gómez, en 2018 la recaudación total del IVA fue de 3.9% del PIB. En consecuencia, agregó, “habrá que ver los resultados que se obtengan de estos esfuerzos, para en el futuro discutir a fondo la necesidad de una nueva reforma fiscal, en donde se indague en temas que están pendientes desde hace muchos años, como el fortalecimiento de la recaudación de estados y municipios y los impuestos al capital”.
García Gómez alertó sin embargo el cambio “muy marcado” por el lado del gasto gubernamental bajo la 4T, “sobre todo en el gasto social”, donde hay un viraje hacia una política “de transferencias directas” a los beneficiarios bajo el argumento de una gran corrupción, y como consecuencia una pérdida de recursos por los intermediarios.
“Es muy pronto para analizar el impacto que este nuevo enfoque tendrá en el bienestar de la sociedad, sin embargo, hay cuestiones que prenden focos rojos, como que muchos de estos programas no tienen reglas de operación y que el mecanismo de transferencias directas se pueda utilizar con fines políticos”, previno entonces.
¿Quién le entrará al toro? ¿La 4T? Es tiempo.
@RobertoCienfue1
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